Revelan Encubrimiento en el Caso de Pablo Grillo: La Manipulación de Pruebas que Aumenta la Impunidad
A más de un año de la feroz represión frente al Congreso, nuevas evidencias indican un intento descarado de ocultar la verdad detrás del ataque al fotoperiodista Pablo Grillo.
Un extenso expediente de 600 páginas arroja luz sobre el encubrimiento institucional en el caso del fotoperiodista Pablo Grillo. La querella que lo representa ha denunciado una manipulación escandalosa de las pruebas, revelando que la Policía Federal habría eliminado 59 minutos cruciales de las grabaciones de las fuerzas de seguridad del 12 de marzo de 2025, momento en que Grillo recibió un disparo que lo dejó al borde de la muerte.
Un Bache Temporal que Levanta Sospechas
La abogada Claudia Cesaroni, en representación de la familia de Grillo junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunció este hecho alarmante. Durante el análisis de los informes oficiales, se encontró un abrupto corte en las transcripciones: los registros se interrumpieron a las 17:00 y se reanudaron a las 17:59. “Lo que vi me parecía inconcebible”, comentó Cesaroni, al ver la falta de escrúpulos en la omisión.
Pruebas de la Violencia Desatada
Durante el lapso de tiempo perdido se produjo el ataque: el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una granada de gas lacrimógeno que viajó a 280 km/h, impactando en la cabeza de Grillo. Este violento hecho le causó una fractura de cráneo, requiriendo una larga rehabilitación en terapia intensiva.
Reacciones y Demandas de Justicia
La familia de Grillo, que continúa su proceso de sanación, lanzó un comunicado exigiendo a las autoridades respuestas inmediatas: “¿Qué es lo que están ocultando?” cuestionaron, enfatizando que la falta de transparencia solo profundiza su sufrimiento y protege a los culpables.
Un Protocolo que Asegura la Impunidad
El brutal ataque a Grillo no fue un hecho aislado, sino parte de una represión sistemática promovida por el gobierno. En esa ocasión, más de 100 detenidos fueron el resultado de un operativo masivo que involucró múltiples fuerzas de seguridad. Esta acción se justificó bajo la polémica resolución 943/23, conocida como el «Protocolo antipiquetes», un marco legal criticado por habilitar la criminalización de protestas pacíficas.
El Papel del Poder Judicial
A pesar de las declaraciones de la Gendarmería, el Poder Judicial desmanteló la narrativa oficial, confirmando la culpabilidad de Guerrero, quien disparó al menos seis veces, contraviniendo los protocolos establecidos. El juez Roberto Boico dejó en claro que el Estado debe proteger el derecho a la protesta, no reprimirlo.
