Facundo Leal, quien ocupó el cargo de director de ARSAT durante los mandatos de Alberto Fernández y Javier Milei, fue indagado este lunes en una causa por supuestos sobornos relacionados con una contratación irregular del organismo. A pesar de las graves acusaciones, Leal rechazó la imputación y no hizo mención de los 2,4 millones de dólares en efectivo hallados en sus propiedades.

De acuerdo a fuentes judiciales, Leal se presentó en el juzgado federal de San Isidro, donde llegó en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal, proveniente de la cárcel de Ezeiza. Actualmente, enfrenta otro proceso por el hallazgo de drogas durante los operativos realizados en sus domicilios, indagando también su solicitud de prisión domiciliaria.

Durante la indagatoria, Leal se limitó a proveer sus datos personales y escuchó las acusaciones, optando por no declarar a recomendación de su defensa, liderada por Marcelo Rocchetti. En su escrito de descargo, el ex titular de ARSAT arremetió contra la investigación del fiscal Fernando Domínguez, argumentando que se seguían recolectando pruebas, lo que le impediría ejercer su derecho a la defensa. Además, insistedió en que su rol en la entidad no estaba relacionado con la contratación irregular de una empresa de seguridad a cambio de sobornos.

En su declaración, Leal no hizo alusión al efectivo obtenido en sus propiedades, argumentando que esa cuestión no forma parte de las acusaciones que se presentan en este caso, ya que se investiga en otro procedimiento por presunto enriquecimiento ilícito.

La pesquisa actual incluye a Leal y a otros ex funcionarios y empresarios, quienes son investigados por presuntos sobornos provenientes de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) para asegurar un contrato relacionado con el «Proyecto Shelter-2 de ARSAT». La causa tomó impulso tras el allanamiento en enero de 2024, cuando se encontraron 17 contenedores que albergarían cables de fibra óptica.

Desde 2014, ALS fue contratada, aunque no cumplía con las condiciones de seguridad establecidas; carecía de cámaras de vigilancia y adquirió el contrato mediante un proceso de selección fraudulentamente fragmentado, evitando así una licitación adecuada.

El fiscal Domínguez solicitó la indagatoria de cerca de diez personas, según lo ordenado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. En mayo pasado, se ejecutaron allanamientos en varias propiedades, incluida una de Leal en la Ciudad de Buenos Aires y otra en Mendoza.

Los operativos resultaron en el hallazgo de 2,4 millones de dólares, junto con drogas y elementos de espionaje. La cantidad de estupefacientes incluido 28 gramos de ketamina y 164 gramos de cristal MDMA, han llevado a Leal a ser procesado por tenencia con fines de comercialización, aunque defiende que eran para consumo personal, respaldado por un informe médico sobre su adicción.

Leal tiene un extenso recorrido en el ámbito de las telecomunicaciones, habiendo fundado la empresa estatal ARSAT y ocupando el cargo a lo largo de diferentes gobiernos. Tras una serie de conflictos internos, fue removido y posteriormente vuelto a designar por Fernández y Milei.

La justicia ahora se centra en determinar el origen del dinero hallado en su poder, mientras expertos concluyeron que el equipo de espionaje encontrado no fue utilizado para tales fines.

Además de Leal, otro ex funcionario de ARSAT, Gerardo Boschin, fue indagado este lunes. La justicia confiscó su celular, encontrando comunicaciones que sugieren el pago de sobornos. Boschin, también representado por Rocchetti, optó por una estrategia similar a la de Leal, desestimando la seriedad del procedimiento judicial.

Con aún varias declaraciones por realizar, el juez Mirabelli se prepara para tomar decisiones respecto al futuro de los involucrados en este complejo entramado de corrupción.