En un giro inesperado, el Gobierno argentino ha activado la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, tras una orden del juzgado federal de Campana. Este desarrollo coincide con un fallo del juez Adrián González Charvay, quien intimó al Ejecutivo a cumplir con la normativa en cuestión.

Detalles del Cumplimiento Judicial

La intimación, cuya fecha límite fue este lunes, obligó al Gobierno a presentar informes sobre los avances administrativos necesarios para dar cumplimiento a la Ley N° 27.793. La Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Santiago Castro Videla, ha manifestado que acatar la orden judicial no anula su intención de apelar ante la Cámara Federal de San Martín.

El Rol del Juzgado Federal

El juez ha remitido la información presentada por el Gobierno tanto al colectivo que impulsó la demanda como a la Asesoría de Menores, buscando conocer sus opiniones antes de decidir si el Ministerio de Salud está cumpliendo adecuadamente con la orden judicial.

Impacto de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley busca mejorar los mecanismos de financiamiento para el Sistema de Prestaciones Básicas, que incluye pensiones y servicios esenciales para las personas con discapacidad. Este avance es urgentemente necesario, dado el contexto crítico que enfrentan muchas familias en Argentina.

Argumentos Rebatidos por el Juez

González Charvay desestimó el argumento del Gobierno de que la falta de especificaciones sobre el financiamiento justificaba la suspensión de la ley. El tribunal argumentó que la ley misma autoriza al Jefe de Gabinete a reestructurar partidas presupuestarias, descalificando así la narrativa oficial.

El Contexto de la Crisis Actual

El magistrado hizo hincapié en la grave crisis que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias, mencionando la «alarmante pérdida de poder adquisitivo» que amenaza su bienestar. Esta situación hará que el cumplimiento de la ley sea fundamental para asegurar la calidad y continuidad de los servicios de salud.