Una marcha masiva que no pasa desapercibida

El clamor por la ley de Financiamiento Universitario volvió a resonar en Plaza de Mayo. La manifestación refleja una creciente insatisfacción por la falta de acción del Gobierno, un tema que representa aproximadamente el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI). A pesar de que un fallo judicial señala que el costo es «poco significativo» para el Estado, la administración actual continúa en controversia.

Las cifras que preocupan

El cumplimiento de la ley podría aliviar la carga financiera del sistema universitario. En 2023, los fondos destinados a la educación superior representaron el 0,72% del PBI, pero esa cifra ha caído a solo 0,42%, el nivel más bajo desde la década de los 90, a pesar del incremento en la cantidad de universidades y estudiantes.

La lucha por salarios dignos

El eje de la problemática gira en torno a los salarios. A pesar de que el 90% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios, desde 2023, los docentes han visto una pérdida del 34% en términos reales, lo que se traduce en una caída significativamente mayor que en otros sectores del Estado.

Desafíos legislativos en un contexto conflictivo

Ante la situación crítica, la oposición logró sancionar la ley de Financiamiento Universitario en 2024, pero, tras un veto presidencial, se reintentó en 2025. Esta vez, el Congreso ratificó la ley con una mayoría de dos tercios, un hecho inédito en la política argentina.

Una Corte que define el futuro

Con mensajes claros durante la marcha, los gremios demandan que el Gobierno cumpla con la ley. Sin embargo, el asunto se complica al estar judicializado. Según el abogado Pablo Manili, “nunca en la historia un gobierno había litigado contra las universidades para evadir una ley”.

Progresos judiciales y retos pendientes

El juez Cormick anunció medidas a favor de las universidades, pero la aplicación de las mismas ha sido suspendida debido a un recurso extraordinario presentado por el Gobierno ante la Corte Suprema. Las universidades buscan que se reanude la ejecución de estas ordenanzas.

Demandas al Poder Ejecutivo

Los manifestantes no solo se detuvieron en calles; también exigieron a la Justicia que intime al Ejecutivo a cumplir con las disposiciones legales, bajo la amenaza de aplicar multas diarias a los funcionarios desobedientes.

El rol de la Corte Suprema

El documento entregado durante la marcha enfatizó que la Corte tiene la última palabra. Se solicitó a los jueces que no permitan que el Gobierno continúe incumpliendo la ley, incluso han recusado a algunos jueces basándose en su vínculo con la enseñanza superior.

Una crisis de confianza y de valor

La situación actual va más allá de lo financiero; educadores y alumnos advierten sobre la ruptura del acuerdo democrático en la división de poderes. A pesar de los desafíos, las universidades públicas mantienen una elevada confianza en la sociedad, superando el 70% en diversas encuestas.

Un acceso a la educación en riesgo

Con alrededor de 2 millones de estudiantes cursando en universidades públicas, el acceso sin arancel a la educación superior representa un modelo único en la región. Muchos temen que este distintivo sistema, que ha favorecido la movilidad social, vea comprometido su futuro.