El gobernador Martín Llaryora ha anunciado un proyecto de ley dirigido a la Unicameral, que busca prohibir las actividades de los «naranjitas» ilegales. En esta línea, el ministro Juan Pablo Quinteros subrayó la firmeza del gobierno al manifestar: “En Córdoba, el orden público no es negociable”, enfatizando la necesidad de una mayor presencia estatal en las calles.

Prohibición y Regulación: Un Nuevo Enfoque

El proyecto propone la eliminación de la actividad informal relacionada con los cuidacoches, aunque concede a los municipios la posibilidad de crear esquemas de trabajo formal mediante cooperativas. Quinteros afirmó que la decisión de Llaryora “es decidida” y que su ministerio la respaldará con firmeza.

Defendiendo el Orden Público

El ministro cuestionó el concepto de trabajo aplicado a las actividades de estos cuidacoches, argumentando que “no hay derecho a disfrazar de trabajo lo que en la calle representa apriete, ocupación indebida y, en muchas ocasiones, violencia”. Con esto, se busca cambiar la percepción del desorden como una forma de convivencia aceptable.

Libertad y Seguridad para los Ciudadanos

Con un discurso alineado a una política de mano dura, Quinteros abogó por los derechos de los ciudadanos, afirmando que “la libertad de circular sin miedo y de usar el espacio público sin presiones es prioritaria”. Asimismo, declaró: “No cedemos ante el apriete ni normalizamos lo que está mal”, defendiendo la postura del gobierno en su lucha contra el abuso.

Refuerzo en la Presencia Policial

Además, se anticipa un aumento en los operativos de control en la vía pública. “Junto a la Policía de Córdoba, implementaremos más controles para garantizar la seguridad de los cordobeses”, anunció el ministro. Enfatizó que “el Estado reaccionará siempre que se infrinja la ley”, destacando que el orden debe ser garantizado, no solo proclamado.

Datos que Respaldan la Estrategia

Las estadísticas recientes apoyan el endurecimiento de las medidas: en solo tres meses de 2026, se han detenido a 156 «naranjitas». Quinteros interpretó estas cifras como un indicativo de “más controles y una firme política de cero tolerancia al abuso y el apriete”.

Un Mensaje claro a la Oposición

El enfoque decidido del ministro también aborda el contexto político interno: “El gobernador actúa con firmeza donde otros titubean”, insinuando diferencias con aquellos que abogan por enfoques más laxos frente al problema.

A medida que el proyecto avanza hacia su discusión legislativa, el gobierno provincial busca dejar en claro que no se permitirá la ilegalidad en el espacio público, manteniendo al mismo tiempo el margen de acción para los intendentes. Quinteros reafirmó: “En Córdoba, el orden público no se negocia”.