Un edicto oficial emitido este martes, publicado en el Boletín Oficial, señala que la Prefectura actúa como la autoridad responsable de la implementación del nuevo Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje, establecido por el Decreto 690/2026, que reemplaza las normas vigentes desde 1991.

Intimación a los Trabajadores

Según el mencionado edicto, la Prefectura «notifica e intimida» a 536 trabajadores para que «inmediatamente pongan a disposición sus servicios» y así garantizar que se cumplan «de manera regular y conforme a la normativa» las funciones requeridas.

Esta decisión surge tras el rechazo de varios sectores del practicaje a la reforma impulsada por el oficialismo, lo que ha generado considerables demoras en la operación de embarcaciones en los puertos del país.

Advertencias sobre Sanciones

La Prefectura enfatiza que el incumplimiento de esta intimación podría acarrear «sanciones disciplinarias» según lo estipulado en el Anexo I del Decreto N° 690/26, consideradas faltas graves que afectan directamente la prestación del servicio.

Posibles Consecuencias Legales

El documento también establece que cualquier acción destinada a interrumpir los servicios podría ser evaluada bajo las disposiciones del Código Penal argentino. Esto incluye sanciones que van de dos a ocho años de prisión si se pone en riesgo la seguridad de embarcaciones o aeronaves, conforme al Artículo 190.

Los trabajadores intimados no solo se enfrentarían a sanciones administrativas, sino que también podrían ser procesados bajo el Artículo 194, que penaliza la obstrucción del normal funcionamiento del transporte y servicios públicos, con penas de tres meses a dos años de prisión.

Reacciones del Sector

Las tensiones continúan en un sector ya afectado por cambios regulatorios confrontativos. La clave ahora es observar cómo responderán los trabajadores y la Prefectura ante este llamado a la acción en un contexto de creciente incertidumbre.