No se perseguirá más a quienes consumen drogas
Aníbal Fernández dijo que el
Gobierno comenzará a apuntar a los vendedores
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El ministro del Interior,
Aníbal Fernández, adelantó
que a partir de ahora, el Estado no pondrá más el acento en
perseguir a los consumidores de droga, sino que apuntará "a los
peces gordos" del narcotráfico y reiteró que la política aplicada
hasta hoy, "fracasó".
"La orden es no perseguir más a los
consumidores", señaló el titular de la cartera política en
declaraciones realizadas al diario Página 12 y a Radio 10.
Según dijo, las grandes bandas del narcotráfico crecieron porque las
fuerzas de seguridad y la Justicia se centraron en "perseguir
perejiles" y manifestó la necesidad de cambiar la Ley 23.737 sobre
drogas, sancionada cuando José
López Rega era el ministro de Bienestar Social (1973,) a
pedido de Estados Unidos.
"Lo que está, fracasó",
dijo con crudeza Fernández, y advirtió que "tenemos que encontrar
una salida para las madres que están preocupadas porque sus hijos
son adictos".
Fernández manifestó que la legislación actual hace que "se
termine yendo por el adicto, y cuando hacemos grandes
decomisos nunca cae un pez gordo, nunca se le pega ni en el medio ni
en la cúpula a este esquema de narcotráfico".
"El perefil es el más facil de agarrar", argumentó
Aníbal Fernández. Para el
ministro, debe haber un "cambio" que permita detectar "las redes de
narcotráfico, la organización, el lavado de dinero, el
financiamiento y el comercio".
Sostuvo que hace más de un año se vienen haciendo estudios "para
trocar nuestra política de
narcotráfico, porque lo que está, fracasó".
Comentó que unos días atrás se reunió con
embajadores de los países
productores, como Perú, Bolivia y Colombia, y de los de
tránsito, como Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Brasil y
Chile, así como aquellos de destino de la droga: España, Italia,
Francia, Gran Bretaña, Alemania y Países Bajos.
"Lo que buscamos es comenzar un proceso profundo de compilación de
datos que nos permita entrecruzar esos datos, y para eso es
imperioso que tengamos contacto con
otros países", explicó.
Por otra parte, sostuvo que la política aplicada hasta ahora "le
cuesta al Estado más o menos 15 mil pesos" por cada causa judicial,
y dijo además que un detenido adicto le cuesta 5.000 pesos por mes.
"Yo juntaría todo este dinero que significa este movimiento, y
podría tener, por lo menos, dos planes de prevención del Sida por
cada adicto", comparó.
Dijo que, de la totalidad de las causas que están en los juzgados
federales, 45 por ciento lo ocupa aquellas por ley de drogas, y de
esa cifra, "solo el 5 por ciento, es decir, el 2,25 del universo
total de los casos, tiene condena. Gastamos una fortuna", se quejó.
"Ocupémonos en atender primariamente a aquellos que son adictos y no
los metamos presos, porque el costo es fenomenal, y utilicemos el
dinero que hoy estamos aplicando para sueldos e insumos, en
tecnología", exhortó
Fernández
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