Martín Insaurralde vuelve a ser el centro de la atención pública. Una reciente investigación periodística ha puesto el foco en Priscila Ferrante, sobrina de su expareja. Su conexión laboral con una empresa que ha obtenido contratos públicos desde su llegada a la administración bonaerense vuelve a generar dudas sobre el origen de sus fondos.
Contratos Públicos y Fotomultas
Según se reveló en un programa radial, Ferrante trabajó entre 2016 y 2018 en Always Group S.A., una firma dedicada a proveer cinemómetros y sistemas de control de tránsito, justo en el núcleo del negocio de las fotomultas.
Un dato que alarmó a los investigadores es que esta empresa fue incorporada al Registro de Proveedores de la provincia solo diez días después de que Insaurralde asumiera su cargo como jefe de Gabinete en septiembre de 2021. Este hecho coincide con un aumento en la contratación pública de Always Group y su involucramiento en el sector de fotomultas, que ya ha sido objeto de investigaciones por irregularidades durante la gestión del exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio.
Investigaciones en Curso
La Justicia ha comenzado a indagar sobre el patrimonio de Ferrante, obligándola a levantar el secreto fiscal y bancario para esclarecer la evolución de sus bienes. Cabe destacar que la sobrina ya había sido mencionada en otra investigación por presunta facturación apócrifa junto a su expareja, Ever Russo.
Triangulación de Fondos
Además, la investigación sugiere una posible triangulación de fondos a través de universidades nacionales, utilizadas para gestionar contrataciones relacionadas con el sistema de fotomultas. Este mecanismo ya había sido detectado en indagaciones previas relacionadas con el mismo esquema.
Conexiones Empresariales
Always Group tiene domicilio legal compartido con otras firmas implicadas en el escándalo de las fotomultas. Se ha confirmado su condición como proveedora del gobierno bonaerense y del municipio de Almirante Brown. Sin embargo, respecto a Lomas de Zamora, históricamente vinculado a Insaurralde, no se ha podido verificar la contratación debido a la falta de acceso al registro correspondiente.
Toda la documentación recopilada está ahora en manos del fiscal Sergio Morla, quien investiga el posible enriquecimiento ilícito de Insaurralde, y del fiscal Álvaro Garganta, encargado del expediente sobre las irregularidades en el sistema de fotomultas.
Esta situación añade nuevas capas a las hipótesis sobre las fuentes de financiamiento de Insaurralde, que incluyen la gestión de recursos de la Jefatura de Gabinete, los negocios de juego y proyectos inmobiliarios en la costa atlántica. La causa sigue activa, y será la Justicia la que determine si hay base suficiente para avanzar en las denuncias.