El paro responde a tres demandas fundamentales que, según los sindicatos, han sido desatendidas por el Gobierno. La primera es la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada hace casi 300 días y aún sin aplicación efectiva. En segundo lugar, el cumplimiento de una medida cautelar de la Corte Suprema que exige la recomposición salarial tomando en cuenta los valores de noviembre de 2023, un fallo que ha sido ignorado. Por último, se reclama la transferencia de fondos necesarios para el funcionamiento de los hospitales universitarios, que incluyen una partida extraordinaria de 50.000 millones de pesos, la cual tampoco se habría concretado.

El Lamento de los Educadores

Emiliano Cagnacci, líder de la Asociación Docente de la UBA, expresó su frustración y señaló la “indiferencia” del Gobierno ante las necesidades del sector. “Parecen creer que pueden decidir qué leyes aplicar y cuáles incumplir”, aseveró.

Respuesta del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, se cuestionó la convocatoria al paro, considerándola “prematura”. Argumentan que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ya se ha recompuesto más del 20% de los salarios atrasados, alcanzando un total del 55%. Sin embargo, los sindicatos mantienen que este porcentaje queda muy por debajo de lo prometido y que aún queda un 30% pendiente de actualización.

Una Larga Lucha por la Educación Pública

Este paro se suma a una serie de protestas que ya han tenido lugar, con un total de cuatro grandes movilizaciones en defensa de la universidad pública en el último año. Las organizaciones enfatizan que su objetivo no es interrumpir el ciclo académico, sino regresar lo más pronto posible a las aulas y hospitales, algo que consideran obstaculizado por la falta de resolución del conflicto que se prolonga sin una solución definitiva.

Agencias