El pasado viernes, el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, dirigió una carta a Martín Menem, titular de la Cámara, y a los líderes de los distintos bloques parlamentarios, expresando una “profunda preocupación” por las posibles consecuencias que la aprobación del proyecto de reforma laboral podría generar en el ejercicio profesional de los abogados.

Derechos Constitucionales y Compromisos Internacionales

En su misiva, el Colegio enfatizó que cualquier reforma debe ser analizada bajo el prisma de los derechos y garantías que asegura la Constitución Nacional, así como los compromisos internacionales en materia laboral. Asimismo, subrayaron la “asimetría estructural” de la relación entre trabajadores y empleadores, advirtiendo que cualquier cambio no debe debilitar los actuales estándares de protección.

Impacto Directo en Abogados Laboralistas

Una de las críticas más contundentes se centra en la modificación de los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. De acuerdo al Colegio, el proyecto contempla sanciones para los abogados que representen a trabajadores y cuya demanda se considere que ha sobreestimado los créditos. Esto, según la entidad, podría poner en riesgo el patrimonio de los profesionales y crear un conflicto de intereses entre la defensa del cliente y la responsabilidad financiera del abogado.

Modificación en el Pago de Sentencias

Además, se manifestaron en contra de la propuesta que permite el pago en cuotas de sentencias condenatorias, incluidos los honorarios profesionales. Esta medida podría afectar notablemente el derecho de los trabajadores a recibir lo que la Justicia les reconoce en tiempos oportunos, al mismo tiempo que podría desincentivar la práctica del derecho laboral.

Un Llamado a la Reflexión

Ricardo Gil Lavedra instó a los legisladores a considerar las graves implicancias que estas reformas tienen sobre la abogacía y el papel crucial que desempeñan en la defensa de los derechos establecidos por la Constitución y los tratados internacionales, elementos fundamentales para mantener el Estado de Derecho y la armonía social en Argentina.