El Ejecutivo ha presentado ante el Senado un proyecto que busca reformar la Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657. Esta iniciativa responde a la necesidad de adaptar el sistema sanitario a las circunstancias actuales, superando limitaciones de un marco legal que ha quedado obsoleto a lo largo de los años.

Para su formulación, se llevaron a cabo consultas con pacientes, familiares, profesionales y representantes legales, lo que permitió identificar fallas en la implementación de la ley y la disparidad en la atención según la región.

Desigualdades en la Atención Regional

A 15 años de la última regulación, solo 16 jurisdicciones han adoptado la norma adecuada. De las 24 provincias, apenas 18 cuentan con hospitales que incluyan áreas de salud mental, y tan solo 20 tienen disponibilidad de camas para internación. Esta situación ha profundizado las desigualdades en el acceso a servicios de salud, afectando particularmente a las regiones menos favorecidas.

La reforma sugiere que las internaciones por problemas leves se realicen en hospitales generales. Así, los centros especializados estarán reservados para casos más complejos, garantizando que quienes requieren atención intensa no sean enviados a lugares inadecuados.

Nuevos Criterios para la Evaluación de Riesgo

Un aspecto fundamental de la modificación es la redefinición de las condiciones de internación. Actualmente, se permite una internación involuntaria solo si se determina un «riesgo cierto e inminente», lo cual puede limitar la intervención oportuna durante una crisis. La nueva propuesta introduce el «riesgo situacional», que considera el contexto general del paciente, su historial de riesgo y las posibles progresiones de su estado sin atención inmediata.

El Rol del Profesional de la Salud

Las enmiendas establecen que debe estar presente un médico psiquiatra en todas las decisiones sobre internaciones involuntarias, a diferencia de la normativa anterior. Esto tiene como objetivo asegurar un diagnóstico preciso y evitar confusiones entre diferentes tipos de problemas de salud.

Además, la internación seguirá siendo una medida excepcional. Un médico puede ordenar una internación involuntaria en situaciones de emergencia, pero deberá contar con respaldo de un equipo interdisciplinario dentro de un plazo de 24 horas. También se prevé ampliar el tiempo para notificaciones judiciales de 10 a 24 horas, facilitando así una respuesta más ágil.

Si un paciente solicita el alta, pero su capacidad para decidir está comprometida, el alta podría transformarse en involuntaria con el correspondiente aviso judicial. Estas reformas buscan potenciar la coordinación entre diferentes instancias de atención, garantizando una respuesta efectiva ante situaciones complejas.