Durante una conferencia de prensa, Trump declaró: “Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% sobre y por encima de nuestros aranceles normales”. Este anuncio se produce tras un fallo de 6 a 3 de la Corte que declaró que los amplios aranceles, impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, excedieron la autoridad ejecutiva.

Según Trump, “para proteger nuestro país, un presidente puede imponer más aranceles que los que estaba aplicando”, respondiendo así a un importante revés en su política económica emblemática. La decisión judicial se centra en el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), un estatuto de 1977 que tradicionalmente se aplica a sanciones económicas.

La Batalla entre el Congreso y el Ejecutivo

En su decisión, la corte enfatizó que la Constitución de EE.UU. otorga al Congreso la autoridad para imponer impuestos, incluyendo tarifas, y no al presidente. El Chief Justice John Roberts subrayó que los fundadores de la Constitución no delegaron el poder fiscal en la rama ejecutiva.

Aunque la Corte no impide que la Casa Blanca busque aranceles bajo otras leyes, estos caminos tienden a estar más regulados y a ser menos flexibles que la aproximación inicial de Trump.

Nuevas Estrategias Tarifarias

Trump aseguró que todas las tarifas de seguridad nacional y las tarifas existentes bajo distintas secciones permanecerían intactas. “Por lo tanto, todos los aranceles actuales siguen en pie y en pleno vigor”, afirmó.

Alternativas Legales: Sección 301 y Sección 122

Entre las estrategias legales alternativas disponibles para el presidente de EE.UU., la Sección 301 y la Sección 122 del Acta de Comercio de 1974 son fundamentales. Sin embargo, ambas cara restricciones más severas en comparación con la IEEPA.

La Sección 301 permite investigar y actuar contra prácticas comerciales extranjeras injustas, pero los procedimientos tienen un límite de tiempo que puede retrasar la implementación de nuevas tarifas.

Desafíos Legales y Opiniones Contrarias

El fallo ha enfrentado desafíos legales por parte de estados y empresas, que argumentan que la ley de emergencia no respalda su aplicación. Trump arremetió contra los demandantes, refiriéndose a ellos de manera despectiva.

A pesar de los contratiempos, se propone encontrar formas de mantener tarifas vigentes, sosteniendo que algunas continuarán mientras que otras serán reemplazadas por nuevas tasas.