La diputada Lorena Pokoik, junto a otros miembros del bloque, ha liderado esta iniciativa que busca proteger la integridad del sistema democrático argentino. Este decreto, consideran, podría redefinir el funcionamiento de la inteligencia nacional sin el debido respaldo del Congreso.

Cuestionamientos al DNU 941/2025

Los legisladores enfatizan que la modificación a la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional se ha realizado sin consulta previa y redefine las funciones de la SIDE, permitiéndole, entre otras cosas, aprehender personas en el marco de sus operaciones. Esta atribución, afirman, es incompatible con el marco constitucional del país.

Riesgos de Arbitrariedad y Falta de Control

El texto del proyecto detalla que el otorgamiento de poderes coercitivos a una entidad que opera bajo el secreto no solo incrementa la posibilidad de arbitrariedad, sino que socava los mecanismos de control democrático. Siendo el secreto la base de su actuación, se considera inaceptable que se le permita ejercer la coerción.

Violaciones a Derechos Fundamentales

Asimismo, el DNU, publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, es objeto de fuertes críticas por potencialmente vulnerar garantías constitucionales esenciales como el debido proceso legal y la libertad personal. Al eliminar la necesidad de una orden judicial para la privación de la libertad, se considera una amenaza directa al Estado de Derecho.

Falta de Justificación Urgente

Los opositores al decreto sostienen que falta la justificación de “necesidad y urgencia” estipulada en la Constitución, argumentando que no había circunstancias extraordinarias que impidieran un debate parlamentario adecuado sobre el tema.

Acciones Legislativas Propuestas

Por estas razones, el proyecto aboga por el rechazo del DNU 941/2025 y la restitución de la Ley 25.520 en su forma anterior al decreto. Además, el presidente del bloque, Germán Martínez, ha solicitado la conformación urgente de dos comisiones: la Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia y la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, con el fin de asegurar el control parlamentario sobre esta cuestión crítica.

Compromiso con la Democracia

La intervención del Congreso, subrayan, es crucial para mantener la división de poderes y respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. Esta defensa del Estado de Derecho reafirma el compromiso de la oposición con los principios democráticos y el respeto a las libertades individuales.