Arturo Rafael Brito Goncalvez, un venezolano de 22 años, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Westerville, Ohio, durante una cita programada, dejando a su familia y amigos en estado de shock. El joven llegó a EE.UU. en 2023, en busca de un futuro mejor y en espera de una resolución sobre su solicitud de asilo.

Un pasado de sueños rotos y persecución

Brito Goncalvez, que aspiraba a ser piloto, dejó Venezuela debido a una persecución política por su apoyo a la oposición al régimen de Maduro. Su detención se produce en el marco de la Operación Buckeye, un operativo federal que busca a individuos considerados de “alta prioridad migratoria”.

Una detención cuestionada

Desde la cárcel del condado de Butler, el joven expresó su desconcierto: “¿Qué hice para que me arresten? ¿Cuál es mi crimen?” Según su versión, los agentes le informaron que su detención se debía a su supuesta entrada ilegal al país, lo que él negó rotundamente.

Documentación y legitimidad

La familia de Brito Goncalvez presentó documentación que certifica su visa válida y su permiso de trabajo, que se extiende hasta 2029. Su hermana, Andrea, enfatizó que siempre han tenido en regla sus papeles migratorios: “No estuvimos de forma ilegal desde que llegamos”, insistió.

Sin antecedentes criminales

Un análisis de registros judiciales por parte de ABC6 no encontró cargos en su contra; Brito Goncalvez afirmó: “Nunca tuve problemas con la policía”. La familia ha decidido contratar a un abogado para evitar su deportación, ya que el temor a un regreso forzado a Venezuela es palpable.

Impacto familiar y futuro incierto

La detención ha conmocionado a la familia, alterando sus planes y sembrando nuevamente ansiedad y estrés. Andrea mencionó cómo la situación ha revivido el miedo que sentían en su país natal y cómo los planes para su educación y desarrollo profesional se ven amenazados.

La estrategia de deportación del gobierno

Este caso se inserta dentro de una amplia campaña del gobierno federal que busca cancelar miles de solicitudes de asilo y acelerar la deportación de quienes han solicitado protección. La táctica implica que abogados del ICE argumenten la desestimación de estos casos sin considerar su fondo.

Los afectados pertenecen a diversas nacionalidades, con un foco particular en aquellos que huyen de la persecución. La administración sostiene que estas acciones buscan retirar a inmigrantes en situación irregular de forma rápida, garantizando, según dicen, el debido proceso.

La comunidad y defensores de derechos migratorios advierten sobre las consecuencias devastadoras de esta política, que afecta a personas que buscan paz y seguridad lejos de sus hogares.