La Disolución de la ANDIS: Un Retroceso que Preocupa a los Defensores de la Discapacidad
La decisión del gobierno de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha generado una fuerte controversia y críticas por parte de quienes abogan por los derechos de las personas con discapacidad. Daniel Arroyo, ex titular de la comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, no dudó en calificar esta medida como un "grave retroceso".
Un Anuncio Controvertido
El cierre de ANDIS, anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha causado un revuelo en el ámbito social y político. Esta decisión llega en un contexto marcado por la revelación de una supuesta trama de corrupción dentro del organismo, relacionada con el exdirector ejecutivo, Diego Spagnuolo, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Arroyo: “Un Retroceso que Desoye Muchos Años de Lucha”
Daniel Arroyo, con una trayectoria significativa en el área de discapacidad, argumenta que disolver la ANDIS es más que un simple cambio administrativo. "La discapacidad es un tema esencialmente social que abarca educación, empleo y movilidad. Esto no debe ser reducido a una cuestión meramente sanitaria", afirmó Arroyo en su perfil de redes sociales.
El exministro advirtió sobre los peligros de regresar al modelo médico tradicional que ignora las necesidades integrales de las personas con discapacidad. "Estamos retrocediendo en derechos conseguidos tras años de lucha. Debemos defender los avances logrados y no permitir que se desmantele lo que se ha construido", subrayó.
Contexto Último: Las Acusaciones de Corrupción
El contexto del cierre de ANDIS es inquietante, ya que emergieron acusaciones de corrupción que implican a altos funcionarios. La divulgación de audios que implican a Spagnuolo ha intensificado la controversia. Los temores sobre cómo esta decisión puede impactar a millones de personas dependientes de los servicios de esta agencia son palpables y merecen ser escuchados.
El impacto de esta medida no solo afecta a quienes tienen discapacidad, sino que también pone en tela de juicio los compromisos del gobierno con los derechos humanos y la inclusión social. La sociedad civil, los profesionales del área y las familias afectadas observan con atención los próximos pasos del gobierno en esta materia.
