El reciente decreto establece que todas las jurisdicciones y entidades que conforman el Sector Público Nacional no podrán realizar designaciones ni contrataciones en ninguna modalidad. La prohibición se extiende a la planta transitoria, contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público, locaciones de servicios profesionales, y designaciones en cargos permanentes.

Sin embargo, el decreto también contempla excepciones para ciertos sectores. Universidades nacionales, Fuerzas Armadas, Servicio Penitenciario Federal, y hospitales nacionales son algunos de los ámbitos que podrán continuar realizando contrataciones. Asimismo, se permite la inclusión de personal para cubrir cargos ejecutivos dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Condiciones para las Excepciones

En caso de que se autoricen excepciones, el decreto establece una regla importante: por cada nuevo ingreso, deberán contabilizarse dos bajas. Se aceptarán como bajas válidas las renuncias, jubilaciones, y desvinculaciones que ocurran a lo largo de 2026, excluyendo aquellas provenientes de planes de retiro voluntario.

Adicionalmente, cada alta autorizada bajo este régimen debe contar con la validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Esta cláusula busca fortalecer el control centralizado sobre la política de personal del gobierno.

Esta estrategia refleja el esfuerzo del gobierno por optimizar los recursos del Estado y asegurar que las contrataciones se alineen con las necesidades reales del país, minimizando la expansión innecesaria del sector público.