El juzgado federal 10 ha tomado medidas contundentes en relación con la causa Vicentín, elevando un embargo sobre los bienes de 18 exfuncionarios del Banco Nación y directivos vinculados al Grupo Vicentín. Entre los acusados se encuentran figuras destacadas como el ex presidente de la entidad, Javier González Fraga, y el vicepresidente Lucas Llach.

Una trama compleja de desvío de fondos

González Fraga es conocido por sus controversiales comentarios sobre la clase trabajadora en Argentina. En 2016, afirmó que se había engañado a los trabajadores haciéndoles creer que podían darse lujos como comprar celulares o viajar al exterior.

Embargo sobre bienes de directivos clave

Además de González Fraga y Llach, el magistrado también incluyó en el embargo a otros directores de la entidad, como Carlos Alberto Castellani y Ercilia Antonia Nofal. Desde el Grupo Vicentín, también se tomó acción contra el presidente Néstor Buyatti y otros directivos.

La medida busca asegurar la posible imposición y cumplimiento del decomiso, evitando así que cualquier beneficio obtenido de actividades ilícitas se consolide. Según se indica, la acción es necesaria también para considerar eventuales multas y la responsabilidad en la reparación del daño ocasionado.

La acusación de fraude millonario

De acuerdo con las pruebas presentadas, entre agosto y diciembre de 2019, los funcionarios del Banco Nación habrían permitido a las empresas Vicentín SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudar a la entidad por un monto que supera los 304 millones de dólares. Este periodo coincide con los últimos meses de mandato de Mauricio Macri.

Función de los exfuncionarios en el escándalo

Se alega que los exfuncionarios del Banco Nación no exigieron el pago de deudas vencidas que se habían originado por préstamos para la prefinanciación de exportaciones. Este descuido permitió que se liberaran enormes sumas de dinero, sumando más de 43 mil millones de pesos a través de una serie de operaciones irregulares.

El tribunal concluyó que hubo una colaboración coordinada entre funcionarios y empresarios que perjudicó gravemente a las arcas del banco, facilitando la entrega de créditos de manera irregular.

Probables consecuencias para los involucrados

El juez, siguiendo las recomendaciones del fiscal Gerardo Pollicita, ha solicitado que 26 exdirectores, tanto del grupo Vicentín como del Banco Nación, sean convocados para declarar. La responsabilidad de estos individuos se agrava por la relación que, como aseguran algunos analistas, existía entre Vicentín y el gobierno de Macri, que podría haberse traducido en un favoritismo a la hora de gestionar fondos.

El exfuncionario Claudio Lozano ha resaltado los vínculos entre el Grupo Vicentín y la administración anterior, sugiriendo que se facilitaron maniobras financieras que favorecieron a la empresa en desmedro del Estado argentino.