El reciente anuncio de la transformación de la Agencia Nacional de Discapacidad en una Secretaría bajo el Ministerio de Salud ha suscitado reacciones adversas entre especialistas en el tema. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, afirmó que se implementarán auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones relacionadas, lo que se percibe como un enfoque limitado para abordar la complejidad de la discapacidad.

Impacto Presupuestario Alarmante

Desde 2024, las asignaciones económicas para programas destinados a la integración de personas con discapacidad han experimentado un notable recorte. Para 2025, el presupuesto se mantuvo en $4.768 millones, pero en 2026 se proyecta que se reduzca a $3.130 millones, lo que representa una disminución del 35% en términos nominales. Esto repercute directamente en la asistencia y capacitación que estas personas requieren.

Voces Críticas y Demandas Urgentes

Gabriela Bruno, activista por los derechos de las personas con discapacidad, critica este giro hacia un paradigma medicalizante que desdibuja la autonomía y la incorporación social de este grupo. “Las dimensiones de la accesibilidad y la participación no son ‘extras’, son esenciales para vivir dignamente”, enfatiza.

Desaparición de Recursos Esenciales

La reestructuración también ha eliminado importantes acciones, como la asistencia financiera para la accesibilidad en actividades recreativas y deportivas, afectando gravemente la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Emergencia en la Ley de Discapacidad

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en septiembre de 2025, busca restaurar derechos fundamentales que se han perdido en los últimos años. Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista, denuncia que hoy es difícil acceder a medicamentos y terapias necesarias, lo que afecta drásticamente la autonomía de las personas con discapacidad.

Condiciones Críticas en Servicios de Apoyo

Las instituciones que brindan apoyo se enfrentan a una crisis severa, con retrasos en los pagos que pueden superar los 120 días. Además, muchos profesionales se han visto obligados a buscar otras fuentes de ingresos debido a tarifas insuficientes.

Las Realidades de las Familias

“Muchas familias no saben a dónde enviar a sus hijos debido a la falta de recursos y personal”, señala Bassi, añadiendo que el costo de un acompañante escolar asciende a $3.000 por hora. Este contexto subraya la falta de voluntad política para abordar estas necesidades básicas.

Un Futuro Incierto pero Esperanzador

A pesar de las dificultades, Bruno sostiene que la actual ley podría ser un pilar para fomentar una comprensión más amplia de la discapacidad como un derecho y no como un indicador de enfermedad. “No hay posibilidad de vivir con dignidad si no se garantiza la accesibilidad en todos los aspectos de la vida”, concluye.

Desempleo y Derechos Laborales

Se estima que la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad supera el 85%. La ley estipula que debe cumplirse un cupo laboral del 4% en la administración pública, pero actualmente se encuentra en un alarmante 0,9%.

La reducción proyectada del programa nacional para el próximo año suma presiones adicionales, ya que se prevé que el presupuesto descienda a $3.479 millones, un monto inferior al gasto de 2023.