La Ley de Inocencia Fiscal trae consigo una serie de reformas significativas en el sistema tributario argentino, especialmente en lo que respecta a las penalizaciones y la fiscalización. Según Fernanda Laiún, esta normativa establece un cambio en el régimen penal tributario y acomoda las multas, además de introducir una declaración jurada simplificada para personas físicas, una innovación que genera gran expectativa.

Umbrales de evasión y nuevas cifras

Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la revisión de los montos que determinan la clasificación de las conductas como evasión. Laiún explica que, para que se considere evasión tributaria simple, el monto debe ser superior a 100 millones de pesos; mientras que la evasión agravada comienza en 1.000 millones de pesos. Estas cifras, que se ajustarán por inflación, representan un cambio significativo respecto al marco anterior.

Asimismo, en el caso de las facturas apócrifas, el umbral para entrar en la penalidad tributaria también se establece en 100 millones de pesos, evidenciando una notable alteración en comparación con las normativas previas.

Aumento de las sanciones automáticas

Otro punto focal de la ley es la modernización del régimen de multas. Laiún destaca que las multas han estado estancadas en valores desactualizados, prácticamente de la época de la convertibilidad. Ahora, la presentación tardía de una declaración jurada puede resultar en sanciones que ascienden de 200 pesos a 220.000 pesos, y las multas por declaraciones informativas podrían alcanzar hasta 5 millones de pesos.

Además, muchas de estas sanciones se aplicarán de manera automática. Esto significa que cualquier declaración presentada fuera de plazo no admitirá defensa legal, obligando a los contribuyentes a extremar su atención y cumplimiento.

Inocencia fiscal y simplificación del proceso

El principio esencial de la ley es la noción de “inocencia fiscal”, que establece una presunción a favor del contribuyente. Laiún explica que, de no detectarse diferencias significativas entre los ingresos declarados y los determinados por el fisco en los últimos tres años, se considerarán correctos. Se define una diferencia significativa como aquella que excede el 15%, además de la ausencia de facturas apócrifas o gastos improcedentes.

La ley también introduce la declaración jurada simplificada, que permite al fisco enviar una versión pro forma de la declaración con los ingresos y gastos preelaborados. El contribuyente tendrá la opción de aceptar o modificar esta propuesta, simplificando así el proceso para aquellos que cumplen con la normativa.

No obstante, Laiún advierte que aún hay incertidumbres respecto a la implementación de la ley debido a la creación de reglamentaciones específicas, especialmente en la coordinación con la UIF y el manejo de fondos no declarados. “Queda trabajo por hacer”, concluyó, enfatizando que el éxito de la ley dependerá de su correcta reglamentación y aplicación.