Durante su declaración, Tapia desmintió cualquier conexión con una propiedad en Pilar que es objeto de investigación, enfatizando su falta de relación con figuras clave en el escándalo, como Facundo Del Gaiso, Matías Yofe y el empresario Leandro Camani, propietario de la firma Secutrans S.A., especializada en sistemas de control de tránsito.

Origen de la Controversia

La audiencia, programada inicialmente para el jueves, se adelantó a mediodía, donde Tapia argumentó que la denuncia en relación a la citada propiedad no fue el origen de la disputa, sino más bien el resultado de presiones anteriores. Su relato se remonta a su etapa en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE), donde se habría negado a aprobar un contrato millonario relacionado con el sistema de fotomultas.

Reprisal y Estrategia Mediática

En su intervención, Tapia describió la situación como una maniobra de carácter “mediático-judicial”, diseñada como represalia por sus decisiones. Señaló que Camani y ciertos integrantes de la Coalición Cívica estarían detrás de las acusaciones, destinadas a coaccionarlo para que adopte decisiones beneficiosas para sus intereses comerciales.

Según el dirigente, las amenazas se habrían manifestado en múltiples ocasiones, en un contexto que abarca tanto su actuación pasada como su actual rol. Aseguró que las presiones buscaban influir en su desempeño como funcionario.

Estrategia Comunicacional Sobre la Denuncia

Tapia expresó su preocupación por el impacto mediático que ha tenido el caso, señalando que se ha implementado una táctica comunicacional que presenta acusaciones severas como verídicas, careciendo de pruebas documentales que fundamenten los hechos. La situación ha generado una ola de rumores y especulaciones en los medios.

Acciones Judiciales Adicionales

La semana anterior, Tapia ya había presentado un escrito en el que se perfiló como víctima de una extorsión. En su solicitud, pidió la realización de pruebas adicionales, incluyendo allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos de las personas mencionadas, así como la citación de testigos con identidad protegida.

La investigación avanza en la Fiscalía de Pilar, donde se examinan tanto la denuncia inicial como la contrademanda presentada por el presidente de la AFA, en un contexto que mezcla aspectos judiciales, políticos y mediáticos.