Escándalo en la ANDIS: Procesan a 19 Funcionarios y Empresarios por Fraude

Una grave acusación desafía la integridad de la Agencia Nacional de Discapacidad. Un juez ha decidido procesar a destacados ex funcionarios y empresarios por su presunta participación en un esquema de desvío de fondos públicos.

La situación en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha dado un vuelco dramático tras la decisión del juez Sebastián Casanello, quien ha procesado a 19 ex funcionarios y empresarios, acusándolos de integrar una asociación ilícita. Estos implicados son señalados por orquestar compras irregulares de medicamentos e insumos de alto costo, generando un perjuicio millonario al Estado. La resolución judicial, que abarca más de 300 páginas, ha sido objeto de intenso análisis por parte de diversos medios de comunicación.

Delitos y Operativos Irregulares

Los delitos en cuestión incluyen defraudación agravada, negociaciones incompatibles y cohecho, cada uno dependiendo del papel desempeñado por los acusados. En el centro de la investigación se encuentra el Programa Federal Incluir Salud, que se encarga de proporcionar prestaciones a personas en condiciones vulnerables.

Un Funcionamiento Cuestionado

De acuerdo con las investigaciones, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS actuó como un «canal de pagos millonarios» para beneficiar a un grupo selecto de droguerías, tales como Profarma, Génesis, New Farma y Floresta. En un análisis de 21 contrataciones, se emitieron órdenes de compra que suman más de 30.300 millones de pesos, de las cuales el 93% fue para solo dos de estas empresas.

La Estructura del Delito

En la cúspide de esta organización se encuentran cuatro figuras centrales: Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS; su segundo, Daniel Garbellini; y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Estos serían los encargados de gestionar tanto la dirección de las compras como el circuito de pagos.

Los Funcionarios Intervenidos

Funcionarios de menor rango, como Diego D’Giano, Roger Grant y Lorena Di Giorno, también están implicados, ya que ejecutaron las decisiones necesarias para llevar adelante las contrataciones. Además, se procesó a propietarios y socios de las droguerías favorecidas.

Consecuencias Económicas

A pesar de no haberse dictado prisión preventiva, se impusieron embargos significativos que superan los 200 mil millones de pesos para los principales imputados, con el objetivo de cubrir el daño potencial, multas y decomisos futuros.

Origen de la Investigación

La causa se originó a partir de una denuncia el 20 de agosto de 2025, la cual incluía audios y publicaciones que sugerían pagos indebidos. A raíz de esto, se llevaron a cabo múltiples allanamientos y análisis forenses de dispositivos electrónicos, recopilando pruebas que facilitaron los procesamientos actuales.

Modificaciones Institucionales y Futuro del Caso

Simultáneamente, el Gobierno decidió transformar la ANDIS en una dependencia del Ministerio de Salud, lo que ha levantado más sospechas en torno al manejo del sistema. Ahora, con el juez Ariel Lijo asumiendo el caso, las defensas analizarán la existencia de la asociación ilícita y la validez de las pruebas recolectadas, mientras los medios prestan atención a la posible implicación de otros personajes políticos en la trama.