sábado, febrero 14, 2026
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Exigen intervención de la Cancillería por abogada argentina arrestada en Brasil por gestos racistas

El CPACF Pide Intervención de la Cancillería en el Caso de la Abogada Agostina Páez en Brasil

La reciente detención de Agostina Páez ha encendido las alarmas en el sector legal argentino, llevando al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal a solicitar la intervención del gobierno nacional para salvaguardar los derechos de la abogada.

Un Llamado a la Protección de Derechos Humanos

Ricardo Gil Lavedra, presidente del CPACF, calificó de “desproporcionadas” las medidas cautelares impuestas a Páez, quien enfrenta acusaciones de ser racista en un restaurante de Río de Janeiro. Gil Lavedra subrayó la necesidad de que el gobierno argentino brinde asistencia consular para asegurar que la joven abogada pueda regresar a su país sin comprometer sus derechos.

Las Demandas de la Cancillería Argentina

En una carta dirigida al canciller Pablo Quirno, el CPACF expresó su preocupación por la situación de Páez, oriunda de Santiago del Estero. La entidad demandó gestiones oficiales para asegurar el respeto de sus derechos en el ámbito judicial brasileño, en consonancia con el compromiso histórico de Argentina con la defensa de los derechos humanos.

Reacciones desde Santiago del Estero

La comunidad legal de Santiago del Estero no se quedó atrás. Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados de la provincia, envió una misiva donde manifestó su inquietud por la prolongada privación de libertad de Páez, considerándola una “desproporción procedimental” que a su juicio vulnera derechos fundamentales.

Detalles del Caso en Ipanema

Agostina Páez se encuentra actualmente con un régimen de libertad controlada, utilizando una tobillera electrónica y con prohibición de salir del país. Debe presentarse ante la justicia brasileña mensualmente mientras avanza su causa por injuria racial.

La controversia comenzó el 14 de enero, cuando se viralizaron imágenes de Páez haciendo gestos considerados discriminatorios. La policía local cerró la investigación el 23 de enero, aunque la defensa de la abogada presentó nuevas pruebas que complican el panorama.

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