Las fuerzas de seguridad de Irán han arrestado a al menos 50,000 personas en el último mes, durante una brutal represión que ha resultado en la muerte de miles de ciudadanos, según informan organizaciones de derechos humanos. Esta ola de arrestos ha afectado a estudiantes, médicos, abogados, activistas y menores, muchos de los cuales se encuentran en lugares desconocidos sin acceso a asistencia legal ni contacto con sus familias.

Por su parte, el gobierno iraní reportó una cifra de fallecidos de apenas 3,000 durante las protestas del 8 y 9 de enero. Sin embargo, fuentes de hospitales y testimonios familiares elevan este número a casi 30,000, con algunas estimaciones llegando a los 43,000.

Represión y consecuencias alarmantes

Las manifestaciones comenzaron a finales de diciembre en respuesta a la crisis económica, escalando rápidamente a protestas contra el gobierno. Irán implementó un apagón de internet de 18 días el 8 de enero, dificultando la comunicación y el acceso a la información.

Sentencias de muerte y confesiones forzadas

Organizaciones como Irán Derechos Humanos (IHRNGO) han reportado que al menos 26 manifestantes han sido condenados a muerte en el último mes. Además, cientos, incluidos niños detenidos, enfrentan cargos que podrían resultar en la pena capital. Estas condenas, muchas veces basadas en confesiones obtenidas bajo tortura, carecen de un debido proceso. En solo una semana, más de 30 personas fueron ejecutadas en prisiones iraníes.

Los juicios clandestinos y las audiencias en línea han llevado a que 14 manifestantes reciban sentencias de muerte en un solo procedimiento, lo que evidencia la falta de transparencia y justicia en el sistema. La organización HRANA revela que los medios estatales han transmitido 337 casos de confesiones obligadas y han citado a más de 11,000 personas a agencias de seguridad en relación con las protestas.

Represión en ceremonias de duelo

Videos de funerales de los manifestantes muestran a las fuerzas gubernamentales atacando las ceremonias y disparando contra los asistentes, un acto que intensifica la preocupación de las organizaciones de derechos humanos.

Confiscación de bienes y coerción

La judicatura iraní ha comenzado a confiscar activos de quienes apoyaron las protestas. En varias provincias, los fiscales han declarado la intención de incautar propiedades de individuos prominentes que «instigaron disturbios». Uno de los casos más llamativos es el de Mohammad Saedinia, un empresario arrestado tras expresar su apoyo a las manifestaciones, a quien le fueron confiscados todos sus bienes, a pesar de haber sido liberado.

Saedinia, conocido por su labor filantrópica, fue obligado a firmar una carta de arrepentimiento luego de haber construido un hogar para ancianos en su ciudad natal. La represión no se detiene aquí; se informa que las familias de los detenidos deben participar en marchas del régimen como condición para obtener la libertad bajo fianza.

El espíritu de la resistencia persiste

A pesar de la fuerte represión, las protestas estudiantiles continúan, y los gritos de disidencia resuenan en varias ciudades durante la noche. Esto demuestra el espíritu indomable de una población que se niega a ser silenciada.