Impacto de la Reforma en el Trabajo Carcelario

La nueva normativa ha eliminado disposiciones clave de la Ley 24.660, que garantizaba que el trabajo en cárceles debía ser remunerado y regulado por la legislación laboral. Con esta modificación, los reclusos no recibirán pago por su labor, lo que incide negativamente en su reinserción social y en las condiciones de vida de sus familias.

Datos Alarmantes del Sistema Penitenciario

Según el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Argentina cuenta con 121.443 personas en prisión, un récord histórico. La tasa de encarcelamiento se encuentra en 258 por cada 100.000 habitantes, con una alarmante tasa de hacinamiento que alcanza el 130% de su capacidad.

Empleo y Condiciones en el Sistema Carcelario

Un estudio de 2023 reveló que solo el 29% de los internos tiene trabajo remunerado, lo que implica que alrededor de 35.000 reclusos no cuentan con esa fuente de ingresos. La remuneración usualmente denominada «peculio» dependerá del salario mínimo y era fundamental para la compra de productos esenciales, así como para ayudar a sus familias.

Repercusiones en la Reinserción Social

Expertos como Macarena Fernández Hoffman del Centro de Estudios Legales y Sociales advierten que esta reforma complica aún más la reinserción de las personas liberadas al mundo laboral. La ausencia de un trabajo regulado puede fomentar actividades ilegales dentro de las cárceles, lo que agrava todavía más las condiciones de vida en estos entornos.

Un Retroceso en Políticas de Derechos Humanos

La modificación de la ley contradice años de políticas orientadas a la reinserción de los internos y afecta directamente la posibilidad de cooperación económica con sus familias. A nivel internacional, se argumenta que estas disposiciones son incompatibles con los estándares de derechos humanos establecidos por convenios como las Reglas Mandela y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales.

El Futuro de las Reformas Penitenciarias

La comunidad y organismos como la CNPT están considerando acciones legales para revertir esta situación. Si se continúa con esta normativa en el Senado, podría haber repercusiones a nivel internacional, incluyendo la posibilidad de que el caso llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las autoridades y defensores de los derechos humanos enfatizan que abolir derechos laborales en el sistema penitenciario podría llevar a una crisis aún más profunda dentro de las cárceles, profundizando la urgente necesidad de políticas efectivas que fomenten la reinserción y el respeto por la dignidad humana.