La resolución 336/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial, establece la activación de tecnología avanzada para la detección y anulación de dispositivos móviles dentro de los recintos carcelarios. Gracias a estos sistemas, será posible identificar equipos mediante códigos IMEI e IMSI, garantizando un entorno más seguro.

Una estrategia de control integral

Los dispositivos autorizados serán capaces de reconocer el hardware de los teléfonos y identificar a los suscriptores dentro de la red de comunicaciones. Esta infraestructura pretende cortar la comunicación entre los internos y el exterior a través de equipos no autorizados, aumentando así la vigilancia sobre la población carcelaria.

Objetivo: desarticular organizaciones criminales

El gobierno argumenta que esta iniciativa es esencial para dificultar las operaciones de organizaciones criminales que tienen miembros internados en prisiones. Se busca frenar el uso indebido de la tecnología por parte de los detenidos para coordinar actividades ilícitas fuera de las cárceles, un fenómeno que representa una amenaza constante para la seguridad pública.

Proceso de implementación

La Dirección Nacional de Tecnología de la Información se encargará de adquirir, instalar y mantener estos sistemas. Se realizarán ajustes técnicos para asegurarse de que las comunicaciones en las áreas circundantes no se vean afectadas, manteniendo así el orden en las comunidades adyacentes.

Manual de procedimientos y supervisión estricta

Se ha establecido un manual específico que garantiza que el bloqueo de equipos solo ocurra dentro de los perímetros diseñados, minimizando el impacto en las zonas urbanas cercanas. Además, la normativa indica protocolos rigurosos para la supervisión de estas nuevas herramientas, que entraron en vigencia inmediatamente tras su publicación en el Boletín Oficial.