La propuesta, que busca modificar la Ley de Emergencia en discapacidad, surge tras auditorías que identificaron numerosas irregularidades en la percepción de estas prestaciones. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Discapacidad no han ofrecido detalles claros sobre las irregularidades encontradas.

Datos Reveladores Sobre las Pensiones

El 20% de las personas con discapacidad en Argentina percibe una pensión, un incremento significativo desde 2003. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) detalla que este aumento se originó en un sistema de “alta por baja”. En marzo de este año, 1.148.484 personas recibían pensiones no contributivas por invalidez, lo que representa una cifra alarmante.

Gabriela Bruno, activista y secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista, criticó la narrativa que señala a los beneficiarios como posibles delincuentes, aludiendo a la violencia institucional que implica abordar el acceso a pensiones desde una perspectiva de fraude.

Desfinanciación y Recortes en el Sistema

El proyecto también plantea cambios en el financiamiento. A partir de modificaciones en el artículo 4 de la ley de Emergencia, se eliminará la obligación de pagar adeudos a los prestadores de servicios. De acuerdo con datos del gobierno, solo se ejecutó el 6% de los recursos destinados a la atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, lo que ha llevado a una crisis en la atención y ha puesto en peligro a instituciones importantes.

Alex Goldman, secretario de Discapacidad de Cañuelas, advirtió sobre los atrasos en los pagos y la inminente clausura de instituciones que dependen de estos fondos, reclamando mayores esfuerzos para asegurar la salud y el bienestar de las personas con discapacidad.

El Costo de las Auditorías y su Impacto

El proyecto de ley también introduce nuevas auditorías que podrían resultar en suspensiones preventivas. Según datos disponibles, se han gastado $ 23 mil millones en auditorías, con un 50% de los envíos de cartas documento que no llegaron a su destino. Esto plantea serias dudas sobre la eficacia del gasto y la gestión de recursos.

Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad, resaltó que la eliminación de la pensión de protección social dejaría a muchas personas sin apoyo vital para acceder a servicios de salud, educación y rehabilitación.

Implicaciones de la Nueva Normativa

Esta nueva normativa propone cambiar la forma en que se definen las pensiones, permitiendo la incompatibilidad con cualquier empleo formal. Actualmente, el 80% de las personas con discapacidad se encuentra fuera del ámbito laboral, lo que exacerbó la crisis económica entre este grupo. Conciliar la pensión con el acceso al trabajo es esencial para fomentar una integración real en el mercado laboral.

Expertos advierten que esta medida podría forzar a los individuos a elegir entre subsistir o desarrollarse profesionalmente, desalentando la inserción laboral formal y negando el acceso a apoyos necesarios para quienes ya están empleados.