Un tribunal de Tierra del Fuego ha dictado un fallo que pone fin a la inscripción de LeoLabs Argentina SRL, empresa británica que había instalado un radar en la región. La Inspección General de Justicia (IGJ) provincial había presentado la demanda cuestionando la legalidad de la empresa tras la revocación, en 2023, de la autorización nacional para operar el radar. Autoridades gubernamentales expresaron sus preocupaciones sobre el alcance y el impacto estratégico del proyecto.

Contexto del Proyecto y Polémica

Situado aproximadamente a 700 kilómetros de las Islas Malvinas, el radar ha sido objeto de intensa controversia desde su aprobación en la gestión de Alberto Fernández. Originalmente presentado como un sistema para el monitoreo de basura espacial, su potencial uso civil y militar ha generado dudas entre diversos organismos oficiales. Para Argentina, este debate también plantea la necesidad de fortalecer el control sobre la infraestructura tecnológica extranjera en zonas sensibles.

Detalles del Fallo Judicial

Gustavo González, juez de primera instancia, explicó en una entrevista que la IGJ había solicitado la “disolución y liquidación” de LeoLabs. Tras analizar informes del Ministerio de Defensa y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que advertían sobre las capacidades duales del radar, el tribunal decidió dejar sin efecto la inscripción de la empresa en la provincia. Esto significa que la firma ya no cuenta con la protección legal necesaria para operar en ese marco.

Implicaciones de la Resolución

La decisión no implica la demolición inmediata del radar y sus antenas; sin embargo, la falta de personería jurídica deja a la instalación sin respaldo legal, facilitando su posible desmantelamiento. Según fuentes municipales de Tolhuin, el radar ya se encuentra inactivo. El juez González también hizo hincapié en la existencia de una medida cautelar que impide cualquier operación relacionada con el radar, advirtiendo que cualquier actividad violaría gravemente la ley.

Recomendaciones para Futuras Instalaciones

El fallo judicial incluye una recomendación a la IGJ sobre la necesidad de implementar controles rigurosos antes de aceptar la instalación de ciertas empresas. “No es lo mismo una SRL dedicada a la fabricación de zapatos que una que quiere operar un radar”, sentenció el juez, enfatizando la importancia de considerar los riesgos asociados con la ubicación de tecnologías sensibles.