Durante su discurso, Leiva argumentó que esta reforma no solucionará los problemas de inseguridad y advirtió sobre las graves implicaciones sociales de encarcelar a menores. «Este proyecto no traerá justicia a las familias; por el contrario, podría llevarnos a un estado de mayor injusticia y desamparo», expresó con firmeza.

El encarcelamiento no es la solución

Uno de los momentos más críticos fue cuando el diputado desafió la idea de que encarcelar adolescentes pueda ser una solución efectiva. «Lo que hacemos al encarcelar a un joven es privarlo de su posibilidad de reinserción social; además, le estamos proporcionando herramientas para mejorar su capacidad delictiva», advirtió. A su juicio, las instituciones penitenciarias a menudo no enseñan la reintegración, sino que podrían potenciar conductas delictivas.

Cuestionando al Gobierno

Leiva también dirigió sus críticas al Gobierno nacional, sugiriendo que deberían priorizarse políticas vinculadas a la educación y bienestar social. «Quisiera que estuviésemos discutiendo cómo aumentar los fondos para la salud pública o apoyar a los docentes, en lugar de enfocarnos en incrementar las penas», enfatizó.

Adolescentes y responsabilidad penal

En su intervención, planteó que los jóvenes a estas edades carecen de la madurez necesaria para comprender completamente la gravedad de sus actos. «No se puede esperar que un chico de 13 o 14 años tenga la capacidad de discernir entre el bien y el mal», señaló, criticando la incoherencia de sectores políticos que buscan sanciones para menores sin permitirles votar.

Propuestas constructivas

Leiva abogó por políticas de prevención que fomenten la inclusión social como respuesta a la delincuencia juvenil. «Es esencial invertir en deportes, educación y en fortalecer las comunidades», afirmó, añadiendo que su propia vida demuestra el impacto positivo de estas iniciativas.

Opiniones divergentes sobre la reforma

La discusión en torno a la modificación del régimen penal juvenil se da en un contexto de opiniones polarizadas. Aunque encuestas indican un fuerte apoyo popular a la baja de la edad de imputabilidad, organizaciones como UNICEF y voces de la Iglesia han expresado serias reservas, afirmando que el encarcelamiento no solo es ineficaz, sino que también puede mermar los derechos de los jóvenes e incrementar la reincidencia entre ellos.