En medio de un panorama donde la demanda de atención en salud mental sigue en aumento, la iniciativa del Gobierno nacional ha encendido las alarmas. Reconocidos especialistas y asociaciones del sector expresan su preocupación por lo que consideran recortes presupuestarios y un riesgo para la población.

El impacto del presupuesto en salud mental

Uno de los aspectos más criticados de la reforma es la eliminación del financiamiento específico. Alberto Trimboli, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental, explica que la ley actual exige que al menos el 10% del presupuesto sanitario se destine a esta área. Sin embargo, el nuevo proyecto eliminaría esta obligación, poniendo en peligro la asignación de recursos vitales.

Este cambio resulta alarmante considerando el aumento de consultas y crisis emocionales que enfrenta el país, exacerbado por problemas de consumos problemáticos.

Reforma en internaciones involuntarias

Otro de los puntos críticos aborda las internaciones involuntarias. La normativa vigente permite la internación en casos donde existe un “riesgo cierto e inminente”, mientras que la reforma elevaría este umbral a “riesgo grave”. Esto podría dificultar intervenciones tempranas en situaciones urgentes.

Además, la iniciativa estipula que cualquier internación debe ser firmada por un médico psiquiatra, lo que podría retrasar el proceso en regiones con escasez de profesionales. Trimboli subraya que “en una crisis, si no hay quien firme, no se podría internar a alguien que lo necesite”.

Un acceso restringido a tratamientos

Un cambio conceptual significativo es la forma en que se define el acceso a la atención. La legislación actual garantiza asistencia a personas con “padecimiento mental”, lo que abarca un espectro amplio de problemas. En contraste, el nuevo proyecto se basa en diagnósticos más estrictos según el CIE-11, lo que puede dejar a muchos sin apoyo.

“Si una persona atraviesa un duelo o una crisis emocional, pero no califica como trastorno psiquiátrico, quedaría fuera del sistema”, advierte Trimboli, lo que aumentaría la carga financiera sobre los pacientes.

Reacción en el sector y el rechazo federal

El rechazo a la reforma no solo se limita a los expertos en salud mental. Según Trimboli, 18 provincias han manifestado su desacuerdo tras reuniones con autoridades nacionales. Además, organismos de evaluación están alzando sus voces en señal de protesta.

Las críticas también apuntan a que la reforma podría debilitar el papel de los hospitales generales, lo que obligaría a trasladar pacientes a otras provincias, especialmente donde no hay centros especializados.

A medida que el proyecto comienza su tratamiento legislativo, el sector de salud mental está realizando esfuerzos para frenar la iniciativa. “La sociedad en general se opone a esta reforma, que representa una reducción de derechos y un retroceso en el acceso a la salud mental”, concluye Trimboli.