La justicia federal llevó a cabo un allanamiento en el despacho de Fernando Martínez, quien ha estado al frente del SPF desde 2024. La causa investiga posibles contratos irregulares en la entrega de raciones alimentarias, con denuncias que apuntan a una red de cartelización en la provisión de comida, que podría ser de calidad deficiente o no apta para consumo.

Acusaciones de Complicidad Empresarial

Martínez es el principal implicado en este caso, que busca determinar si existieron acuerdos ilegales para monopolizar el servicio de catering en los centros penitenciarios del país. Los investigadores se centran en establecer una supuesta complicidad con ciertas empresas del sector gastronómico.

Tensión Durante el Procedimiento Judicial

Durante el allanamiento en Barracas, la situación se volvió tensa cuando se solicitó el teléfono móvil del director. Martínez entregó un dispositivo que aparentemente no utilizaba con frecuencia, alegando que su celular principal se había «extraviado» esa misma mañana.

Pese a su versión, un peritaje realizado poco después del incidente reveló que el dispositivo que supuestamente había perdido había estado activo apenas una hora antes del operativo judicial.

Posible Filtración de Información

Los investigadores están evaluando la hipótesis de que Martínez pudo haber sido alertado del allanamiento con anticipación, lo que le habría permitido esconder el teléfono que podría contener información relevante para el caso. Este desarrollo transforma una denuncia sobre el estado de la comida en un escándalo que podría llegar a las más altas instancias del sistema penitenciario argentino, bajo la mirada del juez Villena.