La reciente resolución del Gobierno de Córdoba, publicada en el Boletín Oficial, establece un mecanismo claro para que quienes realicen falsas amenazas en escuelas asuman los costos del operativo de respuesta. Este cambio es parte de un esfuerzo por combatir las más de 90 amenazas de tiroteos reportadas en el último tiempo.

Activación del Protocolo

Cuando se presenta un incidente de este tipo, se activa inmediatamente el proceso. La responsabilidad inicial recae en el Ministerio Público Fiscal, encargado de identificar a los autores de las amenazas, ya sean jóvenes o adultos que puedan ser considerados responsables.

Detallando el Operativo

Una vez identificados los responsables, el Estado elabora un expediente donde se documentan todos los recursos utilizados durante la respuesta. Esto incluye:

– Personal policial desplegado

– Brigadas especiales, como la unidad de explosivos

– Equipos de salud y emergencias activados

– Recursos logísticos utilizados

Facturación al Responsable

El total de gastos se suma y se emite una notificación de pago dirigida a los individuos identificados. Este procedimiento busca que los responsables asuman la carga económica de sus acciones.

Plazo de Pago Estricto

Uno de los aspectos más severos del nuevo protocolo es el plazo de cinco días para realizar el pago tras recibir la notificación. Este tiempo es riguroso, y si no se cumple, el caso pasa a la Fiscalía de Estado, donde se pueden iniciar acciones judiciales para el recupero de fondos.

Primeras Intimaciones Ya Preparadas

La Policía de Córdoba ya contabilizó los costos de 36 operativos recientes debido a amenazas, y está lista para enviar las primeras notificaciones a los responsables identificados. Se estima que el total de gastos por estos operativos supera los $400.000.000.