La suspensión del Protocolo Antipiquetes, creado por el gobierno nacional para regular el accionar de fuerzas de seguridad durante manifestaciones, ha desatado una ola de críticas. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la exministra nacional, Sabina Frederic, han señalado que este protocolo generó escenarios de represión y afectó derechos fundamentales, evidenciando una respuesta judicial tardía ante su aplicación.

Reacciones a la Anulación del Protocolo

La anulación fue impulsada por un fallo del juez federal Martín Cormick, quien consideró que la regulación era incompatible con las garantías constitucionales. Este fallo se originó a partir de un amparo colectivo que cuestionaba la legalidad del protocolo y su impacto en el derecho a la protesta.

Defensa del Gobierno Nacional

Desde el Gobierno, tanto Patricia Bullrich como su sucesora, Alejandra Monteoliva, han manifestado su intención de apelar esta decisión y sostienen su enfoque de endurecimiento frente a cortes y bloqueos de rutas.

Una Estrategia Diferente

Alonso ha aclarado que la provincia de Buenos Aires nunca implementó el protocolo en cuestión, y ha denunciado que la actuación indiscriminada de las fuerzas federales resultó en represión innecesaria. Destacó la necesidad de un enfoque basado en el diálogo y el respeto por los derechos humanos, sin aceptar dictados desde el gobierno central.

“El derecho a la protesta es fundamental. No se puede reprimir a quienes se manifiestan” afirmó Alonso, haciendo hincapié en que una respuesta basada exclusivamente en la fuerza no es acorde con una democracia.

Además, señaló episodios de excesos en operativos recientes, donde los derechos ciudadanos fueron vulnerados. La misión del Estado, según él, es asegurar el orden sin pisotear derechos constitucionales claros.

Opiniones de Sabina Frederic

Por su parte, Sabina Frederic argumentó que el protocolo suspendido infringía derechos constitucionales básicos, como la libertad de expresión. Además, subrayó la tendencia peligrosa de permitir mecanismos de control sinedificio judicial, los cuales contravienen la ley.

Frederic también criticó la lentitud judicial, señalando que “dos años son demasiado tiempo, mucho daño y mucha conflictividad acumulada” refiriéndose a las secuelas de la aplicación del protocolo en las calles.

Características del Protocolo Antipiquetes

La normativa suspendida contemplaba una intervención activa de las fuerzas de seguridad ante cualquier corte de tránsito, estipulando que la actuación debía ser “mínima y suficiente”. Sin embargo, permitía que las fuerzas intervinieran incluso sin violencia evidente, lo cual fue uno de los principales puntos de crítica.

Además, imponía la identificación de los manifestantes y habilitaba la retención de vehículos utilizados en las movilizaciones, lo que generó un fuerte rechazo por parte de organismos defensores de derechos humanos.

Decisión Judicial y sus Implicaciones

El juez Cormick declaró la nulidad del protocolo, argumentando que solo el Congreso puede regular derechos fundamentales mediante leyes. Resaltó que la norma original interpretaba cualquier interrupción del tránsito como un acto de flagrancia, lo que podría dar lugar a intervenciones policiales sin el debido control judicial.

El fallo dejó claro que las restricciones a los derechos no son absolutas y deben estar respaldadas por una ley formal. Esto marca un hito en la defensa de los derechos de protesta y la dinámica entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos.