Corrientes en Alerta: Docentes Marchan por un Sueldo Digno Ante el Inicio de Clases
Las aulas de Corrientes están a punto de abrir, pero la comunidad docente se encuentra en plena lucha por salarios justos. Este martes, a las 10, una marcha frente al Ministerio de Hacienda marcará el camino hacia una posible solución en las tensiones salariales que amenazan con retrasar el ciclo escolar.
La situación salarial en Corrientes es crítica. Los docentes autoconvocados han denunciado que el salario base de un docente sin antigüedad es de apenas $699.000, colocándolos entre los menos remunerados de la región NEA. La preocupación crece a medida que se acerca el 2 de marzo, fecha programada para el regreso a clases.
Reclamos del Sector Docente: Necesidad de un Salario Básico Justo
José Gea, secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), enfatiza que el eje central de la protesta gira en torno a la mejora del salario básico. «Este aspecto refleja nuestra carrera docente y también impacta en los jubilados», comentó Gea, alertando sobre la necesidad de que cualquier aumento sea significativo y no meramente superficial.
Aunque no se ha especificado un porcentaje exacto de incremento, el gremio apunta a equiparar el sueldo con la canasta básica familiar, que actualmente se estima en $1.300.000. Gea considera insuficiente cualquier oferta que ronde entre el 8% y 10% de aumento y solicita un esfuerzo mayor por parte del Gobierno para garantizar un inicio del ciclo lectivo sin conflictos.
Cuenta Regresiva: Posibilidad de Paro si No Hay Acuerdo
El tiempo se agota, y la posibilidad de un paro es latente. Si no se logra un acuerdo satisfactorio en la reunión de este martes, los docentes están considerando iniciar acciones de fuerza que podrían frustrar el inicio normal de las clases el próximo lunes.
Gea advirtió: «Solo nos quedaría un día o día y medio para evaluar una nueva propuesta. Los plazos son muy ajustados, y si no hay acuerdo, el camino será la medida de fuerza». En este contexto, la presión recae sobre la Casa de Gobierno, que debe presentar una oferta que satisfaga las demandas de un sector que lucha por no caer por debajo de la línea de pobreza.
