El actual Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan destinado a convertir activos públicos en divisas frescas. En su esfuerzo por mostrar solidez financiera, la gestión de Javier Milei ha intensificado el proceso de privatización en tres empresas clave de los sectores de servicios y energía. Este movimiento tiene como meta acumular al menos USD 2.000 millones, vital para honrar deudas con acreedores privados y cumplir con el acuerdo establecido con el Fondo Monetario Internacional.

AySA: Un Plan en Movimiento

Este mes, el Ejecutivo argentino anunciará formalmente el pliego de condiciones para la licitación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Este proceso, que ha experimentado demoras debido a la complejidad patrimonial de la empresa, no solo involucra la distribución en la región del AMBA, sino que también incluye un holding que gestiona activos inmobiliarios importantes y plantas de tratamiento de gran escala.

El objetivo del Gobierno es ofrecer el 51% de las acciones en una licitación pública internacional, colocar un 39% en la Bolsa a través de una oferta pública, y reservar el 10% restante para los empleados. Sin embargo, la valoración de la compañía sigue siendo un tema controversial. Mientras algunos estiman su valor en USD 500 millones, el Banco Nación lleva a cabo una auditoría exhaustiva que necesita considerar el considerable pasivo acumulado.

Desafíos en la Valuación

Una de las principales dificultades radica en que los activos inmobiliarios y las plantas permanecerán bajo control estatal, y aún no existe un plan claro para su futuro. La venta solo incluye la concesión del servicio y la gestión de cuentas por cobrar, las cuales deberán reinvertirse en infraestructura, permitiendo incluso cortes de suministro en caso de morosidad.

Transener: El Pilar de la Energía

El segundo objetivo del Gobierno es la privatización de Transener, que controla el 85% de la red de alta tensión del país. Aunque el valor total del mercado es de aproximadamente USD 900 millones, el desprendimiento de la participación estatal podría generar un negocio de USD 200 millones, especialmente por su estratégica red que se extiende 12.400 kilómetros y conecta 60 estaciones transformadoras.

La eliminación del control estatal es fundamental para una reestructuración de precios mayoristas que cumpla con las exigencias del FMI y promueva la inversión privada en el sector energético. Grupos como Central Puerto S.A., Edenor y otros han mostrado interés en esta oferta.

Metrogas: Una Salida Progresiva

YPF avanza para vender su participación del 70% en Metrogas, con el objetivo de destinar sus recursos hacia el desarrollo de Vaca Muerta. La petrolera, bajo la dirección de Horacio Marín, busca obtener USD 500 millones de esta operación. El proceso, que ya ha recibido propuestas de 13 empresas, está en la fase de due diligence.

Este movimiento es atractivo, ya que Metrogas garantiza flujo de caja en un mercado regulado en transición hacia la dolarización, ofreciendo una oportunidad atractiva para inversionistas.

El apuro en estas privatizaciones busca enviar una señal contundente a Wall Street, en un contexto de riesgo país volátil. Con ingresos extraordinarios en perspectiva, se espera que estos USD 2.000 millones sean clave para recuperar la confianza en el crédito internacional.