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Extienden el secreto de sumario en el caso Cepo K para buscar más dispositivos

Continúa el secreto en la causa por irregularidades en el dólar blue

La investigación sobre posibles delitos en la compra de dólar blue y autorizaciones de importación durante el gobierno de Alberto Fernández permanecerá bajo secreto de sumario, tras una nueva prórroga de 10 días hábiles dispuesta por el juez federal Ariel Lijo.

El magistrado decidió mantener la reserva del expediente, lo que implica que los detalles aún no son accesibles al público. Esto se debe a que las autoridades judiciales continúan recogiendo pruebas, incluyendo la búsqueda de dispositivos electrónicos que podrían respaldar las acusaciones, tras la realización de 30 allanamientos el mes pasado.

Detalles de la investigación y allanamientos

El fiscal federal Franco Picardi solicitó estos operativos, que se llevaron a cabo en bancos y casas de cambio. El objetivo era obtener documentación y dispositivos electrónicos útiles para el caso. “Algunas personas ya se han presentado, mientras que otras aún están siendo localizadas”, afirmó una fuente del entorno judicial.

Coimas y empresas involucradas

Según información publicada por el diario La Nación, cuatro empresas habrían pagado sobornos de entre el 10% y el 15% para obtener aprobaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), instaurado en octubre de 2022 durante la presidencia de Fernández y en la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía. Se estima que los sobornos sumarían un total de 3.5 millones de dólares.

Operaciones relacionadas con casas de cambio

Las investigaciones se centraron inicialmente en irregularidades asociadas con el dólar blue, en particular las operaciones de casas de cambio vinculadas a figuras como Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles. Sin embargo, recientes hallazgos apuntan a un entramado que involucra sobornos vinculados a las aprobaciones de SIRA, rumores que circulaban desde hace tiempo en el ámbito financiero y político.

Antecedentes del caso

La causa se originó el año pasado, tras un incidente donde Piccirillo introdujo un kilogramo de cocaína y un arma en el vehículo de su socio Hauque, quien le reclamaba una deuda de 6 millones de dólares. Hauque fue detenido durante un operativo policial, y como arrepentido, Carlos «Lobo» Smith reveló detalles de los arreglos entre los socios.

Revelaciones de audios comprometedores

Smith mencionó cómo Hauque presionaba a directivos del Banco Central de la República Argentina para que permitieran operar a sus casas de cambio. Grabaciones entre Piccirillo y Romina García, inspectora del BCRA, dejaron al descubierto que ella admitía asesorarlo, contraviniendo las regulaciones. La grabación revela que varios funcionarios eran conscientes de las amenazas, pero no actuaban en consecuencia.

Operativos en el BCRA

Entre diciembre y enero, varios directivos del BCRA, incluyendo a García, fueron allanados, con la incautación de teléfonos y documentos relevantes. En la casa de Analía Jaime, inspectora general del BCRA, se encontraron documentos de «ARG EXCHANGE S.A», una de las casas de cambio bajo la mira.

Impacto en la economía

La investigación ha revelado que «ARG EXCHANGE S.A» operó 184 millones de dólares en el primer semestre de 2023, mientras que las casas de cambio implicadas en el caso movieron en total 253 millones de dólares. Con el avance de la causa, el fiscal Picardi ha solicitado múltiples allanamientos para garantizar la obtención de pruebas necesarias.

Aún se espera que se levante el secreto de sumario, con fecha tentativa para principios de mayo, lo que permitirá conocer más detalles sobre las operaciones en investigación y los implicados en este complejo entramado financiero.

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