La petición se funda en la inclusión de un “subconcepto” que podría haber sido pasado por alto por el juez, el cual representa más de $6.679.796.471 en temas impositivos en la AFA.

El Lio Judicial en la AFA

El juez Diego Amarante había procesado a Tapia y Toviggino por la retención de aportes a fines del mes pasado, sin considerar ciertos impuestos relevantes asociados con la publicidad. Esto se debe a que estos impuestos encajan en el régimen de “autorretención”, distinto al régimen de “retención” aplicado a los salarios de los empleados de la AFA.

Sin embargo, el fiscal de primera instancia, Claudio Navas Rial, junto a Pérez Barberá, disienten con esta interpretación, destacando que un 77% del monto total en cuestión, $6.679.796.471 de un total de $8.675.262.968, debe ser reconocido.

Argumentos del Fiscal

Pérez Barberá argumenta que el concepto de “autorretención” no es ajeno a lo que la ley penal define como “retención”. “Esta es una modalidad que debe ser incluida”, aseveró el fiscal, calificando la perspectiva del juez como «irrazonable» y “arbitraria”. También subrayó la reglamentación de la ARCA (5439/2023), que menciona que el incumplimiento en autorretención acarrea las mismas sanciones que la retención convencional.

Los Accusados en la Mira

Más allá de Tapia y Toviggino, otros funcionarios también enfrentan cargos: Cristian Ariel Malaspina (secretario general), Gustavo Roberto Lorenzo (director general) y Víctor Blanco Rodríguez (exsecretario general). Todos están imputados por apropiación indebida de tributos, agravando la situación judicial que pesa sobre la AFA.

El fiscal busca revocar parcialmente la decisión judicial original, con la intención de ampliar el alcance de la investigación para incluir el manejo de los ingresos por ventas de entradas, que también caen bajo el régimen de autorretención.

Durante su indagatoria, Tapia se defendió, argumentando que las decisiones fiscales son tomadas por áreas técnicas, y que él ejerce un papel institucional ajeno a estos manejos. Por otro lado, Toviggino argumentó que la AFA operaba bajo normativas que permitían prorrogas e incluso que no había intención delictiva, dado el contexto del sistema de regularización de deudas.

Ambos dirigentes sostienen que una parte sustancial de la deuda ya fue saldada, aunque la justicia sigue investigando si el retraso en los pagos podría constituir un delito de apropiación indebida de tributos.

La decisión sobre el pedido del fiscal y el futuro de este expediente será tomada por los jueces camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio.