El conocido constitucionalista Andrés Gil Domínguez ha manifestado contundentemente su desacuerdo con la iniciativa de reforma laboral que recibió media sanción en el Senado, argumentando que se trata de un avance que desprotege a los trabajadores.

Fundamentos de la crítica

En un extenso análisis publicado en la red social X, Gil Domínguez defendió su postura en un artículo titulado “Reforma laboral y no regresividad”. Según el jurista, “el principio de progresividad es clave en el derecho internacional de los derechos humanos”, especialmente en el ámbito de los derechos económicos y sociales.

Principios de progresividad y no regresividad

Gil Domínguez resaltó que, dentro del marco jurídico argentino, este principio tiene una jerarquía tanto constitucional como convencional. La progresividad implica que el Estado debe trabajar continuamente para avanzar en la realización de los derechos sociales, mientras que la no regresividad establece que no se puede retroceder en la protección de estos derechos sin una justificación muy sólida.

“La regresión está permitida solo si se demuestra que no hay alternativas menos perjudiciales y si se lleva a cabo un análisis exhaustivo de las consecuencias”, añadió el académico. Criticó la idea de que “fomentar el empleo” puede ser una razón suficiente para reducir derechos ya consagrados.

Impacto de la reforma

El constitucionalista sostiene que la reforma laboral presentada es “objetivamente regresiva” y afecta tanto los derechos individuales como los colectivos de los trabajadores. Gil Domínguez argumenta que la media sanción obtenida no cumplió con los estándares de deliberación democrática necesarios, lo que exime a sus defensores de presentar argumentos adecuados sobre las implicancias de esta regresión.

Una mirada crítica hacia el futuro

Finalmente, el constitucionalista cuestionó la lógica detrás de esta reforma, afirmando que “la progresividad debería conducir a una sociedad más digna”. La no regresividad actúa como garantía de que no se retroceda sin una razón excepcional, argumentando que simplemente apelar a promesas de crecimiento y empleo no es suficiente ante la reducción de derechos que han sido conquistados tras décadas de esfuerzos.

“Cuando se debilitan derechos que han requerido una larga lucha social, es imperioso justificar cualquier retroceso con argumentos sólidos. De lo contrario, lo que se presenta como reforma se convierte en una renuncia a los logros alcanzados”, concluyó Gil Domínguez, apuntando que muchos de quienes apoyan la iniciativa podrían verse afectados por sus efectos adversos en la vida diaria.