El fallecimiento de Noelia Castillo el 26 de marzo es un recordatorio de la necesidad de discutir la «muerte asistida» y las opciones disponibles en nuestro país. Aunque esta práctica no está legalizada en Argentina, la legislación nacional contempla la denominada «muerte digna», un acompañamiento no invasivo en circunstancias críticas.

La Ley de Muerte Digna: Un Marco Legal Importante

La Ley 26.742, promulgada en 2012, permite que los pacientes con enfermedades incurables o en estado terminal rechacen tratamientos que busquen prolongar artificialmente su vida. Esta legislación respalda el derecho a una muerte digna, priorizando la calidad de vida por encima de la prolongación forzada de la existencia.

La diferencia clave entre la muerte digna y la eutanasia radica en la manera en que se aborda el desenlace. La primera permite que el proceso natural de morir ocurra sin interferencias, mientras que la eutanasia implica una acción activa para provocar la muerte. Según la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, la eutanasia se dirige a aquellas personas que sufren condiciones irreversibles y desean terminar con su sufrimiento de manera explícita.

Derechos del Paciente y Opciones Vitales

Conforme a la Ley de Muerte Digna, los pacientes tienen el derecho de rechazar procedimientos médicos, incluidas técnicas de reanimación o soporte vital, si estas resultan desproporcionadas o generan un sufrimiento insoportable. Este derecho es fundamental para quienes enfrentan enfermedades terminales.

Además, el concepto de muerte asistida incluye a profesionales de la salud que administen sustancias que faciliten el fallecimiento, o bien que proporcionen los medios necesarios para que el paciente tome esta decisión por sí mismo, una práctica conocida como “muerte médicamente asistida”.