El Ministerio de Seguridad de Córdoba, liderado por Juan Pablo Quinteros, ha implementado un nuevo protocolo que requiere que los responsables de falsas amenazas en escuelas, como tiroteos o alarmas de seguridad, enfrenten no solo consecuencias penales, sino también un reclamo económico por los gastos ocasionados durante los operativos de respuesta.

Responsabilidad financiera por falsas alarmas

A partir de ahora, toda amenaza que lleve a la intervención de fuerzas de seguridad generará una factura que será reclamada a los padres o tutores de los menores implicados, una vez que la Justicia identifique a quienes cometieron el delito.

Operativos a cargo de múltiples fuerzas

El protocolo incluye la participación de la Policía de Córdoba, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación. Se cuantificarán los recursos empleados en cada operativo y el Estado procederá con una intimación de pago, y, si es necesario, llevará adelante acciones judiciales para recuperar los fondos gastados.

Un enfoque serio hacia las amenazas

Desde el Ministerio de Seguridad subrayaron que estas amenazas no deben ser consideradas como «bromas», sino como conductas graves que alteran la normalidad educativa y generan angustia en la comunidad. Según advirtieron, cada falso aviso moviliza un importante dispositivo estatal que podría ser utilizado en otras áreas de prevención del delito.

Objetivo: recuperar recursos y mejorar la seguridad

La medida responde a una política de tolerancia cero ante estas situaciones y busca reforzar la seguridad en los entornos escolares. “El costo de estos operativos no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, afirmaron representantes del ministerio, justificando así la necesidad de esta nueva normativa.