PATRULLERO MATA A UNA NENA DE 6 AÑOS CORRIENDO UNA PICADA CON OTRO AUTO 

SAN LUIS. El infortunio y la imprudencia se llevaron la vida de Nuria Lezcano, de 6 años, que murió al ser atropellada por un patrullero policial que corría una picada en una avenida de esta ciudad. El policía que conducía quedó desafectado del servicio, pero en libertad

En las últimas horas, este trágico episodio conmovió a la opinión pública puntana y ayer empujó a familiares y allegados de la víctima, junto con numerosos vecinos indignados, a salir a la calle para reclamar justicia.

Ayer, el ministro de Justicia de la provincia, coronel (R) Guillermo López, dijo que se comprobó que el patrullero "iba corriendo por la avenida Centenario". Así, el responsable de la seguridad puntana corroboró las denuncias de familiares y testigos del hecho, que aseguraron que el conductor del móvil 1-321 del Comando Radioeléctrico local, Milton Pereyra, iba corriendo una picada con otro automóvil por la avenida Centenario, casi en el cruce con la avenida Italia.

Según el relato de Mariela Lezcano, madre de la víctima, la chica "salió a comprar, pero volvió a buscar una campera", y allí fue atropellada por el patrullero. Como consecuencia del impacto, la pequeña sufrió graves lesiones en la cabeza y el abdomen y una fractura en una pierna.

El trágico hecho sucedió a las 17 del domingo pasado. De inmediato, la pequeña Nuria fue sometida a una intervención quirúrgica. Pero debido a las gravísimas lesiones recibidas, la niña falleció al día siguiente.

Indignados por lo ocurrido, familiares y vecinos de la víctima se manifestaron entonces frente a la clínica privada donde había sido internada la niña, pues allí se hallaba estacionado un patrullero en el que esperaba el policía Pereyra, quien debía someterse a un examen de alcoholemia.

Su presencia en el lugar provocó forcejeos, ya que los familiares lo reconocieron e intentaron agredirlo. En esa ocasión, otros policías intentaron impedir la acción de los vecinos, por lo que se produjeron incidentes.

Durante esos episodios, dos mujeres resultaron maltratadas, por lo cual terminaron con lesiones en los brazos. El patrullero que ocupaba el acusado sufrió distintos daños.

El ministro López declaró que el oficial responsable de la muerte de la pequeña fue pasado a disponibilidad y que su arma se encuentra bajo arresto.

El funcionario reconoció como causales de lo ocurrido "la falta de preparación, entrenamiento y capacitación de algunos oficiales que patrullan las calles y que portan dos armas: la reglamentaria y el volante. De ahora en más, se exigirá a la policía de la provincia que sus integrantes posean el registro de conductor profesional, que expide la municipalidad local".

Agregó que pidió a los familiares de las víctimas y a los testigos del hecho que realizaran la denuncia concreta ante la Justicia para que se investiguen "todas las circunstancias en las que se produjo la muerte de la niña".

López, en declaraciones a la prensa local, afirmó: "Me consta que iba corriendo; lo digo porque vi las actuaciones que hay en el sumario", luego de responder al pedido de renuncia que movilizó la familia y ejecutó la diputada oficialista Alicia Arrieta, por el departamento Dupuy. "Mi renuncia está a disposición del gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá", comentó el ministro a la prensa.

López señaló también que espera que el juez de la causa llegue a las mismas conclusiones que él cuando vea las actuaciones del sumario, como una forma de calmar los ánimos de los familiares y allegados de Nuria, que están movilizados con marchas y cortes de calles, y mantienen expectante a la opinión pública puntana.

Por el terrible episodio que terminó con la vida de la niña, el oficial Pereyra está en situación pasiva, es decir, fuera de servicio. Vicente Páez, el oficial que lo acompañaba en el momento del hecho, fue puesto en disponibilidad por la jefatura de policía.

Sobre los adelantos en la investigación, la abuela de la niña, María Bravo, en diálogo con LA NACION, manifestó ayer con voz quebrada: "Nada nos parece suficiente. Queremos que el propio gobernador, al que estamos muy agradecidos, acepte la renuncia del ministro de Justicia de la provincia y que los culpables permanezcan en la cárcel, porque sabemos que están libres".

"No queremos pasar sobre los abogados, pero la única manera de calmar un poco este dolor que hoy padecemos es continuar con las marchas y reclamar justicia, porque el ministro de Justicia tiene que irse", enfatizó Bravo.

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