Los usuarios de
tarjetas de credito con límites de compra de más de $ 5.000 deberán
informar en qué gastan
Les pedirán declaraciones juradas.
Obligan a emisoras de tarjetas de crédito a alertar por posibles
operaciones de lavado. La medida alcanza a los cheques de viajero.
La Unidad de Información Financiera (UIF)
obligó a las empresas emisoras de tarjetas de crédito y cheques de
viajero a informar cualquier operación de sus clientes considerada
“inusual” o “sospechosa”. Así consta en la resolución 27/2011,
publicada en el Boletín Oficial.
Es la primera vez desde la sanción de la ley 25.246, sobre
Encubrimiento y Lavado de Activos, que el Estado regula la emisión
de plásticos o cheques de viajero, informó la UIF en un comunicado.
La medida obliga a los emisores de cheques y operadores de tarjetas
(como los bancos) a designar un Oficial de Cumplimiento responsable
de la relación con la UIF –que los bancos ya tienen– y a establecer
un manual de procedimientos para actuar ante situaciones de este
tipo, entre otras.
La resolución 27 exige a las emisoras de cheques de viajero y
operadoras de tarjetas de crédito que registren las operaciones de
sus clientes, tanto usuarios titulares como portadores de
extensiones, y a los proveedores de bienes o servicios o comercios
adheridos.
Las empresas también deberán abrir un legajo de identificación de
cada cliente en el que conste, en el caso de la persona física, su
actividad principal. Las compañías están obligadas a informar si el
cliente es una Persona Expuesta Políticamente (PEP).
Así denomina la UIF a aquellos sujetos con cierta relevancia
pública, desde el Presidente de la Nación hasta los concejales de
los municipios de todo el país, pasando por oficiales de las Fuerzas
Armadas y representantes en sindicatos y cámaras empresarias.
Además, las compañías deberán requerir una declaración jurada a sus
clientes cuando éstos soliciten una emisión de cheques de viajero
superior a $ 5.000 o tengan tarjetas con un límite de compra que se
ubique por encima de esa cifra.
Y cuando esos topes superen los $ 20.000, las declaraciones juradas
deberán ir acompañadas de “documentación respaldatoria que sustente
el origen declarado de los fondos”, según consta en la resolución
27.
Las empresas deberán realizar perfiles transaccionales de sus
clientes y seguir las operaciones que efectúen. Tienen 90 días para
adecuarse a las disposiciones.
La UIF tipificó operaciones “inusuales” (aisladas) y “sospechosas”
(cuando hay elementos para dudar de esos hechos aislados).
Estas últimas incluyen, en el caso de los usuarios de tarjetas de
crédito o cheques de viajero, la “alta concentración, sin causa
aparente, de compras de un usuario en un mismo establecimiento
adherido, por montos significativos”, y situaciones en las que el
cliente trate con “países o jurisdicciones declarados ‘paraísos
fiscales’ por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La disposición se suma a resoluciones similares emitidas la semana
pasada que alcanzaron al Banco Central, la Comisión Nacional de
Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros, las empresas de
juegos de azar, las transportadoras de caudales, las compañías de
giros postales, los escribanos y los contadores.
El combo de resoluciones llega después de que el Gobierno
centralizara por decreto la coordinación de las acciones antilavado
en la UIF. Esto ocurrió luego de que el GAFI criticara el escaso
control y la falta de medidas antilavado en el país, en octubre
último.
En febrero, el organismo internacional volverá a reunirse para
evaluar la evolución de la Argentina en la materia. /cronista.com
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