Escándalo de Interceptación Ilegal: La Policía Nacional de Colombia Ante Nuevas Demandas
Una reciente resolución de la Policía Nacional de Colombia ha dado un giro al caso de interceptaciones ilegales que ha conmocionado al país. Cuatro miembros de la institución, condenados por realizar monitoreos no autorizados, deberán enfrentar una demanda de reparación interpuesta por las víctimas afectadas.
La Policía ha decidido activar el procedimiento de llamamiento en garantía contra los uniformados implicados en la interceptación ilegal de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia. Esta medida busca asegurar que los condenados respondan económicamente por las afectaciones sufridas por las víctimas.
Intercepciones Ilegales: Un Escándalo Revelado
El escándalo se desató tras la divulgación de informes manipulados que erróneamente vinculaban a Meza y Perea con el Clan del Golfo en el Chocó. Este informe sirvió de justificación para que funcionarios de la Sijín y la Dijin realizaran un seguimiento indebido de sus comunicaciones.
Condena y Responsabilidad
El caso penal concluyó con la condena de cuatro policías, de los cuales dos aceptaron responsabilidad mediante preacuerdos. Las sentencias incluyeron delitos como falsedad en documento público y violación de comunicaciones. Ante esto, Meza y Perea han llevado a cabo acciones legales contra el Estado, exigiendo compensación por los daños sufridos.
Llamamiento en Garantía: Un Pedido Formal
En respuesta a la demanda, la Policía Nacional ha solicitado formalmente el llamamiento en garantía, con el objetivo de que los condenados respondan con su patrimonio personal, liberando así al Estado de la carga económica total. Este mecanismo permite que los funcionarios que cometen actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones sean parte del proceso de reparación.
Actuaciones Irregulares: Un Examen Crítico
La institución reconoce que es fundamental que sus miembros actúen con la debida diligencia y respeto a la ley. Sin embargo, el expediente judicial revela que los policías sobrepasaron sus atribuciones, resultando en un grave incumplimiento de sus deberes.
La Policía Nacional sustentó su decisión basándose en la necesidad de que los agentes condenados respondan por sus actos ilícitos, reiterando que su responsabilidad no debe caer exclusivamente sobre las arcas del estado.
El caso sigue en desarrollo, con un amplio interés público sobre cómo se manejará la reparación a las víctimas afectadas y las acciones que tomará la Policía ante estas denuncias de abuso de poder.
