Durante el primer semestre de 2025, casi el 70% de los casos ingresados a la Corte Suprema fueron relacionados con asuntos previsionales. Este fenómeno resalta la creciente judicialización del sistema de pensiones, donde los beneficiarios buscan ajustes y compensaciones por las modificaciones constantes en las fórmulas de actualización.

Un panorama alarmante de litigiosidad

Las estadísticas judiciales revelan un salto notable en los reclamos: de 7.400 en 2020 a más de 42.000 en 2025. Esta alza está ligada a la estrategia de la ANSES, que apela sistemáticamente las decisiones que no le son favorables, trasladando así la resolución final a la Corte y prolongando los tiempos de pago.

Factores detrás del notable aumento en los reclamos

La escalada en la litigiosidad puede atribuirse a diversos factores estructurales y coyunturales. Las moratorias que integraron a millones de personas al sistema, junto con un aumento en la esperanza de vida y la implementación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), juegan un papel crucial. Además, la inflación elevada y los cambios en las pautas de movilidad jubilatoria han hecho que incluso aquellos que inicialmente no se vieron afectados busquen justicia, argumentando la desproporción entre aportes y pensiones.

La era digital y el acceso a la justicia

La digitalización de los procesos judiciales ha facilitado el acceso de los ciudadanos a la justicia. Según fuentes de los juzgados de seguridad social, se reportan hasta 1.000 presentaciones diarias, estimando que cada juzgado local tiene alrededor de 60.000 casos activos, sumando un total de aproximadamente 600.000 expedientes en trámite.

La tensión en los juzgados por falta de recursos

La eficiencia del sistema judicial se ve amenazada por la escasez de jueces designados. Actualmente, la Corte Suprema opera con solo tres de sus cinco miembros, mientras que en el fuero de la Seguridad Social, apenas tres de los diez juzgados cuentan con jueces titulares. La situación en la Cámara Previsional es similar, con solo tres camaristas de los nueve necesarios para evaluar sentencias.

Un sistema en crisis

Especialistas destacan que el problema radica en normas previsionales que ofrecen beneficios desproporcionados en relación con los aportes realizados durante la vida laboral. La manipulación de las reglas de movilidad, especialmente en periodos inflacionarios, se convierte en un mecanismo para equilibrar los gastos, pero resulta en juicios que el Estado pierde con frecuencia. Desde 2019, las causas acumuladas en la secretaría previsional de la Corte han mostrado un repunte, superando los récords históricos posteriores al fallo Blanco, que estableció criterios específicos para la actualización de los haberes.