La controversia gira en torno al caso de Jerry Rodriguez, quien acusa a Remy Coeytaux, un médico del área de San Francisco, de haber infringido una normativa texana que estipula fuertes penalizaciones, que superan los 100,000 dólares, para quienes envían pastillas abortivas a Texas. Según la denuncia, Coeytaux habría enviado medicamentos abortivos en dos ocasiones, una en 2024 y otra a principios de 2025, para interrumpir embarazos de la pareja de Rodriguez.

Detalles del caso y la acusación

Rodriguez afirma que su pareja quedó embarazada y que el esposo separado de ella fue quien solicitó las pastillas abortivas a Coeytaux, que ella utilizó para finalizar el embarazo. En su demanda, Rodríguez reclama un daño por muerte injusta y busca una compensación de 100,000 dólares.

Acciones legales en otros estados

Este proceso legal se suma a otros esfuerzos en Louisiana, donde también se ha solicitado la extradición de Coeytaux, acusándolo de enviar medicamentos abortivos de manera ilegal. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha manifestado públicamente su rechazo a esta extradición.

Marco legal en Texas y California

Texas y Louisiana están entre los estados más restrictivos del país en materia de aborto. Por el contrario, California, junto con otros estados de tendencia progresista, ha implementado “leyes escudo” para proteger a los proveedores de servicios de aborto de extradiciones y persecuciones legales tras la anulación de Roe v. Wade en 2022. Estas leyes han generado intensas críticas por parte de grupos que se oponen al aborto, quienes argumentan que son ilegales.

Actualización del litigio y nuevas disposiciones

Rodriguez presentó su demanda inicial en julio, pero el pasado domingo la actualizó para incluir la legislación de la Cámara de Representantes, la cual entró en vigencia en diciembre, buscando forzar a Coeytaux a asumir el pago de daños. Esta ley permite a los ciudadanos demandar a cualquier persona que fabrique, distribuya o proporcione pastillas abortivas en Texas.

Además, Rodriguez solicita que se prohíba a Coeytaux prescribir o suministrar medicamentos abortivos en el estado.

Reacciones ante la demanda

La ley, formalmente denominada Ley de Protección de la Mujer y el Niño, ha enfrentado rápida oposición por parte de legisladores demócratas y defensores de los derechos del aborto. Críticos opinan que la norma tiene como objetivo eludir las protecciones al aborto en otros estados, atacando a proveedores que operan fuera de Texas.

La demanda refleja el profundo conflicto entre estados con políticas restrictivas y aquellos con legislaciones más liberales en temas de derechos reproductivos, especialmente tras la anulación de Roe v. Wade. La demanda de pastillas abortivas ha crecido notablemente, especialmente entre mujeres en estados liderados por republicanos donde los servicios de aborto se han vuelto casi inexistentes.

Desde la organización Center for Reproductive Rights, que representa a Coeytaux, se ha calificado la demanda como un esfuerzo deliberado para hacer cumplir leyes que restringen la autonomía de las mujeres sobre sus decisiones reproductivas. «Esta ley va en contra de los valores de los texanos. Es anti-libertad, anti-privacidad y anti-familia,» declaró Marc Hearron, director asociado de litigios en la organización.