La comparecencia del ministro no solo fue un trámite administrativo; se convirtió en una crítica contundente al modelo de gestión del agua en Córdoba. López reconoció que el Gobierno, liderado por Martín Llaryora, opta por no intervenir en las demandas de aumento por parte de Aguas Cordobesas, dejando a los ciudadanos sin alternativas efectivas frente a tarifas crecientemente desproporcionadas.

La Falta de Control y la Inequidad Tarifaria

Durante la sesión, la ausencia de controles efectivos se convirtió en un punto central de la discusión. El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP), lejos de ser un organismo independiente, está constituido mayormente por miembros designados por el propio Ejecutivo provincial, lo que genera un conflicto de intereses permanente. Esto ha permitido que los aumentos tarifarios superen de manera sistemática a la inflación, afectando directamente la economía de los cordobeses.

Una Tarifa que se Asimila a un Impuesto

Lo más alarmante es que la tarifa del agua ha comenzado a ser vista como un impuesto encubierto, caracterizado por su falta de regulación y debate público. Esta impresiva percepción se agrava cuando consideramos que apenas el 20% de los usuarios dispone de medidores que hagan posible un control real sobre su consumo. Para el restante 80%, el pago se convierte en una adivinanza, sin posibilidad de verificar lo que consumen.

Reconocimientos Complicados

Otro punto significativo que resaltó el ministro fue la conexión de Aldo Roggio, titular de la empresa concesionaria de agua, con escándalos de corrupción en Buenos Aires. A pesar de sus intentos por desviar la atención hacia hechos ajenos a la provincia, la sombra de la corrupción se cierne sobre la gestión actual. Además, el propio López tiene un pasado vinculado a personajes envueltos en delitos financieros, lo que no hace más que intensificar las dudas sobre la transparencia en la gestión pública.

Un Sistema que Falta a su Deber

En un gesto que no pasó desapercibido, López violó la Constitución Provincial al no presentarse ante la Legislatura en el tiempo estipulado, obligando a su denuncia penal para lograr su asistencia. Este accionar refleja un desprecio por el control legislativo y una evidente falta de respeto hacia el marco institucional.

Estos elementos crean un panorama preocupante que trasciende al gabinete actual y genera un llamado a la acción desde la sociedad. El debate sobre la regulación del agua en Córdoba es esencial, y el Gobierno debería engancharse en una discusión que podría redefinir cómo cada ciudadano percibe y recibe un recurso vital como el agua.

La interpelación a López no debe ser vista como un acto excepcional, sino como un paso hacia una mayor rendición de cuentas y transparencia. La reivindicación del control legislativo y la defensa del equilibrio en el sistema político son fundamentales para garantizar que la gestión de recursos esenciales no se convierta en un mero mecanismo de recaudación opaco.