La disputa por la instalación de portones en Villa Allende se intensifica, con un fallo judicial apelado y una licitación en marcha por parte del municipio. La seguridad y los derechos de los vecinos están en juego.
El letrado que lidera la demanda contra la instalación de portones en los barrios de Villa Allende confirmó que la resolución de la Cámara Contencioso Administrativa fue apelada, y ahora el caso se trasladará al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Mientras tanto, el Ejecutivo municipal sigue adelante con los planes de licitación para los cerramientos.
Una Decisión Controversial
Hugo Yagüe, abogado de los Vecinos Autoconvocados de Villa Allende, expresó en Punto a Punto Radio 90.7 que la decisión del municipio envía una señal política negativa sobre la gestión de la seguridad. “Transformar ciudades en fortificaciones revela el fracaso de las políticas de seguridad implementadas”, subrayó. A su juicio, esta iniciativa no enaltece la gestión, sino que es un reconocimiento público de la ineficacia de las estrategias actuales.
Falta de Evidencia Sólida
Uno de los aspectos cruciales de la demanda es la ausencia de antecedentes que respalden esta medida. “No hay un solo caso comparable en otras localidades, y la municipalidad no ha proporcionado evidencias sólidas en el expediente”, aseguró Yagüe. Para ilustrar su postura, comparó la decisión con una intervención médica sin un diagnóstico previo: “Es como acudir al médico por un dolor de rodilla y que, sin justificación, te propongan una apendicectomía”.
Adelantos en la Licitación
A pesar de que el caso está siendo revisado por la justicia, el municipio avanza con la licitación para la instalación de los portones, cuyo resultado se conocerá este jueves. “Esta situación pone de manifiesto las imprudencias y la falta de planificación del Ejecutivo, que incluso tuvo que corregir el texto del decreto de licitación”, afirmó Yagüe.
Derechos Afectados
El abogado también alertó sobre los derechos que podrían verse vulnerados con la implementación de los portones. Habló de la afectación del libre tránsito, del derecho a la participación, y del principio de no discriminación. “El mecanismo de consulta vecinal permite que solo una persona por vivienda vote, y el inquilino debe tener el visto bueno del propietario para participar, lo que va en contra del derecho constitucional a la participación ciudadana”, manifestó.
Una Estrategia Dudas
Finalmente, Yagüe concluyó que esta iniciativa no está fundamentada en políticas de seguridad efectivas, sino que parece ser parte de una estrategia de exposición pública y posicionamiento político. “No hay fundamentos sólidos detrás de esta maniobra que justifiquen las medidas propuestas”, sentenció.
