Título: Buenos Aires refuerza el control en Villa 31: más seguridad y nuevas normas de acceso
Bajada: Con el objetivo de gestionar el crecimiento urbano, el Gobierno de la Ciudad implementa un plan integral que incluye restricciones en los accesos y un mayor despliegue policial en Villa 31.
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un ambicioso plan de ordenamiento en la Villa 31, que contempla una serie de operativos para controlar los accesos, restringir el ingreso de materiales de construcción y aumentar la presencia policial. Esta iniciativa busca frenar el desarrollo urbano informal en uno de los barrios con mayor densidad poblacional de la capital.
El plan, que es fruto de la coordinación entre la Jefatura de Gabinete y distintas áreas, como Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, así como la Secretaría Legal y Técnica, también incluye la supervisión de obras en construcción, clausura de depósitos ilegales y desalojo de espacios ocupados sin autorización.
Un plan de acción claro
“Imponemos orden en la Villa 31. No permitiremos zonas liberadas ni excepciones. La ley se aplica en cada rincón de la Ciudad”, afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, al presentar estas medidas. La estrategia incluye la restricción de acceso a materiales que puedan fomentar la construcción no regulada.
Cambios en los accesos
Desde este jueves, se han implementado modificaciones en varios de los ingresos vehiculares: cinco accesos se transformaron en calles peatonales, mientras que tres contarán con vigilancia permanente de la Policía de la Ciudad. Además, se han establecido controles adicionales en varios puntos estratégicos del barrio.
Detalles del programa de control
El plan de Control de Accesos incluye la transformación de cinco de los trece puntos de entrada para vehículos en calles peatonales. Aquellos ingresos que mantengan vigilancia contarán con puestos permanentes de seguridad, así como controles itinerantes y rotativos, además de la instalación de bolardos y contramano en varias calles.
Los operativos se concentran en áreas clave, como las intersecciones de Colibrí y Ramos Mejía, Yaguareté e Islas Galápagos, así como en el límite con el Barrio Saldías.
La lucha contra el crecimiento desordenado
Este endurecimiento de controles responde a la creciente preocupación por la urbanización de la Villa 31, que ha continuado de manera desmedida desde la implementación de la Ley 6.129 en 2016. Actualmente, esta área abarca alrededor de 72 hectáreas y alberga a cerca de 45,000 habitantes.
El Jefe de Gobierno destacó un reciente operativo que resultó en la desmantelación de un punto de venta de drogas. “No permitiremos que el crecimiento descontrolado amenace la seguridad de los vecinos. Los derechos y obligaciones son los mismos para todos”, manifestó Macri.
Acciones en marcha
Paralelamente, el Gobierno ha dado pasos importantes para mejorar el barrio: se han desalojado construcciones ilegales en las veredas, se han removido instalaciones no autorizadas y se han desarticulado ferias informales. También se han llevado a cabo acciones contra el tráfico de drogas y el desmantelamiento de búnkeres.
Un cambio en la estrategia
El control de materiales para la construcción se ha convertido en un pilar esencial de este nuevo enfoque. La clausura de corralones no autorizados pretende reducir tanto la expansión vertical como horizontal de la zona, una práctica cada vez más común en los últimos años.
Asimismo, el mercado informal sigue en crecimiento, con los precios de alquiler de viviendas que oscilan entre $300,000 y $1,000,000 mensuales, mientras que los locales comerciales pueden alcanzar hasta $1,800,000. Esta situación ha generado un circuito paralelo donde las condiciones son incontrolables por las autoridades.
Las nuevas medidas marcan un giro en la estrategia oficial, pasando de un enfoque de urbanización gradual a uno que prioriza un mayor control territorial. Este cambio tendrá un impacto significativo en la dinámica del barrio y en el acceso a la vivienda, que aún está por verse.
