Consecuencias del Aumento Salarial Propuesto

El Ministerio de Hacienda y Finanzas, liderado por Héctor Grachot, argumenta que la aceptación de un aumento del 6% en los salarios judiciales, sumado a una suba ya otorgada en marzo, podría llevar a un «apagón» financiero. Según un análisis de la Dirección de Presupuesto, esta medida agotaría las partidas asignadas al Poder Judicial antes de noviembre.

La situación podría dejar a los trabajadores de la justicia sin salarios para los últimos dos meses del año, incluyendo el crucial Sueldo Anual Complementario (SAC).

Un Entorno Económico Desfavorable

El informe de Hacienda destaca que la escasez de recursos se ve agravada por una compleja situación económica a nivel nacional, donde las expectativas de ingresos por coparticipación para 2026 son pesimistas y en términos reales muestran una caída.

Ante este desafío, el Ministerio ha señalado que no puede comprometerse a nuevos gastos sin la certeza de contar con saldos disponibles, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley N° 5571.

Marco Normativo y Fiscalidad

Además del desafío financiero, la negativa del Ejecutivo se fundamenta en un estricto marco normativo. Corrientes está sujeta a la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, que exige un manejo responsable y sostenible del presupuesto. La Ley N° 4420 también limita las actualizaciones salariales de la Justicia, restringiéndolas a un máximo del 40% respecto a las remuneraciones de los Ministros del Poder Ejecutivo.

Búsqueda de Soluciones Colaborativas

A pesar de rechazar el aumento inicialmente, el Ministerio extendió una «cordial invitación» al Superior Tribunal de Justicia para que, en conjunto, revisen la documentación que respalda la solicitud de incremento salarial. Este acercamiento busca equilibrar el «legítimo interés» de los trabajadores judiciales con las restricciones legales y la estabilidad fiscal de la provincia.