La reciente normativa comunicada en el Boletín Oficial alerta sobre la posibilidad de espionaje de críticos del gobierno, incluidos periodistas, economistas y activistas. Santiago Martínez Laino, un periodista que exploró este contenido, destaca que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ahora cuenta con un marco legal que permite observar a quienes cuestionan sus políticas.

Un Marco Legal Cuestionable

La nueva Política de Inteligencia Nacional establece conceptos como «soberanía cognitiva» y «defensa contra amenazas híbridas», sugiriendo que el Estado puede protegerse de la desinformación y las narrativas adversas. Esta interpretación pone en riesgo la libertad de expresión al permitir que cualquier crítica sea vista como un ataque a la cohesión social.

La Manipulación de la Información

Con la ambigüedad del lenguaje en la política, cualquier discurso o investigación que se considere perjudicial por parte del gobierno podría ser clasificado como una operación enemiga. Esto abre la puerta a un control más estricto sobre el debate público, haciendo que la SIDE actúe como un árbitro de la verdad.

La Amenaza de una Vigilancia Masiva

La Agencia Federal de Ciberseguridad también ha sido habilitada para rastrear redes de influencia, lo que podría ser utilizado para justificar el seguimiento de activistas y periodistas bajo el pretexto de un «monitoreo preventivo». En esta lógica, una crítica al gobierno podría considerarse como una colaboración involuntaria con potencias extranjeras.

La Normalización de la Vigilancia

En la práctica, esto significa que la vigilancia estatal no protege a los ciudadanos de amenazas externas, sino que se utiliza para mantener el control sobre la narrativa gubernamental y silenciar voces disidentes. La falta de definiciones claras acerca de lo que constituye una amenaza a la moral social permite que la SIDE decida de manera arbitraria qué voces deben ser acalladas.

Implicaciones para la Democracia Argentina

La capacidad que tiene el gobierno para categorizar cualquier crítica como «desinformación disruptiva» es alarmante y afecta no solo a los periodistas, sino a todos los ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión.

Un Reverso de los Derechos Civiles

Además de este marco de vigilancia, el gobierno ha violentado derechos democráticos al no implementar leyes que benefician a sectores vulnerables como personas con discapacidad. La represión a quienes se manifiestan en contra de estas políticas ha dejado un saldo lamentable de heridos y detenidos, erosionando aún más la frágil democracia argentina.

La Relación entre Poder y Control

Siguiendo la teoría de Michel Foucault sobre la vigilancia, se observa una tendencia en la que el gobierno reduce gradualmente el espacio democrático, sembrando el miedo entre los opositores. Esta estrategia de control busca paralizar cualquier forma de resistencia y disuadir manifestaciones públicas.

La vigilancia y el control están destinados a crear un clima de miedo que prevenga críticas al gobierno, poniendo en grave peligro no solo a los periodistas, sino a toda la sociedad argentina.