La salida de Lavagna responde a la negativa del Gobierno de Milei y Caputo de publicar cifras más precisas, basadas en una metodología actualizada que refleja mejor la realidad económico-social del país. En lugar de eso, prevalece un índice que se basa en encuestas de gastos realizadas hace más de dos décadas, lo que distorsiona significativamente la percepción de la inflación.

La subestimación de la inflación tiene repercusiones profundas en varios aspectos críticos de la economía, aunque algunos analistas y funcionarios intenten restarle importancia. Las cifras influyen directamente en los pagos de jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las discusiones paritarias, además de afectar el Producto Bruto Interno (PBI) y las canastas de indigencia y pobreza. A medida que se incrementa la inflación, también lo hacen los costos de la seguridad social y se agrava el déficit fiscal, complicando aún más la situación económica del país.

Se estima que la inflación de enero de 2026 podría alcanzar el 3%, marcando una alarmante tendencia alcista. Este aumento se ve impulsado por la eliminación de subsidios y la subida de las tarifas de servicios públicos, combustible y transporte en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Estos números superan en gran medida a los índices alternativos de inflación que se registraron durante la intervención del Indec entre 2007 y 2015.

Esta no es la primera vez que los gobiernos distorsionan las cifras económicas. Durante el kirchnerismo, el entonces funcionario Guillermo Moreno implementó una manipulación similar, que llevó a la suspensión de la publicación de datos sobre la pobreza, justificando que no querían «estigmatizar» a la población. Muchos técnicos del Indec denunciaron esta situación y fueron despedidos o forzados a renunciar.

La opacidad en la presentación de datos no solo afecta la credibilidad del Indec, sino que también limita la posibilidad de contar con índices privados que, durante esa época, se volvieron los únicos referentes para muchos analistas. Aunque se intentó desarrollar índices alternativos en diferentes provincias, con el tiempo se fue reduciendo el número de fuentes hasta quedar principalmente con el de San Luis.

La manipulación de estadísticas se ha hecho tan evidente que incluso en términos de desempleo se presentaban cifras irrealistas. Por ejemplo, en 2014 se informaba que había “pleno empleo” en Gran Resistencia, Chaco, algo que generó incredulidad entre los analistas frente a la realidad vivida por los habitantes.

En la actualidad, el contexto es similar, aunque quizás menos violento. La realidad del costo de vida se siente en cada rincón, ya sea en los supermercados, las verdulerías o al intentar cubrir el alquiler de una vivienda. Además, otros indicadores económicos están siendo cuestionados; el consumo disminuye, mientras que se esperan mejoras en las cifras de pobreza y en los salarios no registrados, lo que parece improbable. Esta subestimación de la inflación es, por tanto, un signo de un nuevo apagón estadístico, que se asemeja a las viejas prácticas del pasado.